El informe reservado de los representantes de la Unión Europea en Jerusalén y Ramala sobre la situación de los territorios palestinos es el documento comunitario más crítico contra Israel elaborado hasta la fecha, aunque la decisión de Bruselas de publicarlo todavía está pendiente.

El análisis sobre la situación de la llamada zona C de Cisjordania no deja dudas. Comprende un 60% de sus 5.600 kilómetros cuadrados donde habitan 300.000 palestinos de los 2,6 millones, bajo control militar israelí desde 1967.

En un lenguaje claro, habla de una “discriminación legal sistemática” en contra de los palestinos y de que la ocupación supone un régimen de derechos “dual”, un eufemismo para no utilizar el término apartheid.

Los 400.000 colonos judíos de Cisjordania solo están sometidos a la ley israelí, según un estatuto personal y extraterritorial. En cambio, para los palestinos, las reuniones de más de 10 personas requieren permiso militar. La pena por violar la prohibición es de 10 años de cárcel.

Así, no extraña que el número de delitos cometidos por colonos contra palestinos se triplicara en 2018, cuando se registraron 482 incidentes. Sin embargo, el silencio de las autoridades israelíes ha sido casi absoluto, por temor a perder votos en un año electoral.

Según Shlomo Fischer, analista del Jewish People Policy Institute de Jerusalén, la violencia se ha hecho endémica en torno a los asentamientos, donde ha surgido incluso un movimiento denominado La Revuelta, que busca sustituir al Estado de Israel por un reino judío basado en la Halajá, la Ley Mosaica.

A partir de esas valoraciones, los autores piden a Israel modificar su sistema de justicia militar para garantizar procesos justos a los palestinos y a quienes se les niegan derechos civiles básicos.

La incógnita es qué consecuencias políticas y económicas efectivas tendrá el documento, si…