Aunque Theresa May salvó la moción de censura planteada por el laborismo, la derrota del 15 de enero a su propuesta de acuerdo con la UE en la Cámara de los Comunes ha confirmado el viejo adagio político que asevera que cuando las cosas pueden empeorar siempre lo hacen.

El proceso ha entrado en un limbo, escapando así de las previsiones de los analistas para caer en manos de los arúspices, los adivinos de la antigua Roma que hacían augurios examinando las entrañas de las aves.

Pero la aparente imposibilidad de la clase política británica para ponerse de acuerdo –por incapacidad, incompetencia o irresponsabilidad– ha dejado solo dos salidas posibles: un nuevo referéndum, para el que ya hay una pequeña mayoría a favor, o el no-deal, salida sin acuerdo.

El negociador de la UE, Michel Barnier, ha dicho que la votación en Westminster no ha aclarado ni lo que quiere Londres ni cómo pueden encauzarse las negociaciones a partir de ahora.

La calma de las bolsas indica que los mercados apuestan porque el proceso se retrase para intentar detener –o al menos ralentizar– el descarrilamiento a cámara lenta en el que se ha convertido el Brexit.

Londres tendría que acordar con la UE que el plazo de salida del 29 de marzo se retrase unos meses, para renegociar con Bruselas, plantear un segundo referéndum o las condiciones del no-deal. Lo que queda por saber es cuándo pedirá el aplazamiento.

Pero una vuelta a la mesa de negociaciones no resolverá nada. Bruselas ya ha dado su última palabra, que ahora solo puede matizar y no revocar o retractarse.
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