La reunión en Ginebra los días 5 y 6 de diciembre de delegaciones marroquíes y saharauis, con observadores de Mauritania y Argelia, ha significado la vuelta a la mesa de negociaciones, tras más de seis años de parálisis, de un conflicto que se prolonga desde 1975, cuando Marruecos se anexionó el Sáhara occidental tras la retirada de las tropas españolas.

La larga ocupación marroquí de un vasto territorio de 266.000 kilómetros cuadrados, pero apenas poblado por medio millón de personas, ha estado en un segundo plano en las prioridades de la comunidad internacional, aunque periódicamente la ocupación crea problemas incómodos a Marruecos. En febrero, un tribunal surafricano ordenó que un cargamento de fosfatos proveniente del Sáhara e incautado por las autoridades aduaneras fuese subastado y la recaudación se enviara al Frente Polisario, que controla un tercio del territorio saharaui. Poco después, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no se puede aplicar al Sáhara occidental.

Dado que Naciones Unidas lo considera “territorio no autogobernado” –eufemismo para referirse a su estatus colonial–, la inversión extranjera no marroquí brilla por su ausencia en el Sáhara. Ahora ha sido la presión de Washington la que ha forzado la vuelta a la negociación. En marzo, EEUU condicionó la renovación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) a la reanudación de las conversaciones. Washington ha prorrogado la Minurso solo seis meses, en lugar de los 12 habituales, lo que ha obligado a Rabat a abandonar su obstruccionismo. Sin la presencia de los cascos azules, el regreso de la violencia sería inevitable.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tiene un interés personal porque estuvo implicado en anteriores esfuerzos de la ONU para resolver el…