La llegada al poder de la Liga Nacional por la Democracia de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi ha sido bienvenida universalmente tras la larga dictadura militar en Birmania. Sin embargo, para la minoría musulmana –y dentro de ella para la etnia rohingya concentrada en Rajine, el Estado fronterizo con Bangladesh–, el cambio de régimen no ha cambiado un ápice su marginación y discriminación por la mayoría budista. El 15 de marzo, 53 años después del golpe que llevó al poder a los militares, el Parlamento de Myanmar eligió a un presidente civil, Htin Kyaw, concluyendo así la transición iniciada con las elecciones de noviembre de 2015. Pero dado que Suu Kyi mantiene su autoridad moral y su ascendencia política en el nuevo gobierno, muchos esperaban –más fuera que dentro del país– que tuviera algún gesto para mejorar la suerte del millón de birmanos de etnia rohingya, a la que la ONU considera “la minoría más perseguida del mundo”. Pero los rohingya no están entre las prioridades del gobierno.

Los militares llevaron a extremos la secular discriminación de esa etnia, recluyéndo a sus miembros en campos de refugiados, negándoles la condición de ciudadanos con una ley aprobada 1982 y denominándolos oficialmente como “bengalíes”, para relacionarlos con la vecina Bangladesh, de mayoría musulmana, y así despojarlos de cualquier relación con Myanmar. Incluso Suu Kyi les llama así para no perder apoyos entre la mayoría budista, a la que pertenece gran parte de los militantes de su partido.

Desde la independencia en 1948, la violencia interétnica ha marcado la convulsa política interna birmana, por lo que el nuevo gobierno ha mantenido el proceso de paz emprendido por el general Thein Sein con otras minorías como los chin, kachin, karen y shan, entre otros. La ausencia…