El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha aprovechado la cercanía del final de su mandato para mostrar al mundo –con declaraciones de inusual franqueza– las limitaciones de su cargo, denunciar las presiones a las que es sometido por países que utilizan sus aportaciones financieras para condicionar el funcionamiento de la ONU, revisar sus pronunciamientos oficiales y hasta chantajear a sus agencias humanitarias.

Tras calificar a Marruecos de “potencia ocupante” del Sáhara occidental en su reciente visita a los campos de refugiados saharauis, Ban ha centrado sus críticas en Arabia Saudí, que desde marzo de 2015 lidera una coalición militar suní en Yemen que ha provocado miles de víctimas civiles, muchas de ellas niños atrapados en escuelas y hospitales, bombardeados con armas prohibidas como explosivos de fragmentación y bombas de racimo.

Esos crímenes de guerra han sido denunciados por Unicef y ONG como Human Rights Watch, Oxfam y Amnistía Internacional. Pero las presiones de Riad forzaron a Ban Ki-moon a sacar a la coalición prosaudí de una lista negra de ejércitos que atacan o cometen abusos contra niños. La alternativa era peor: Arabia Saudí dejaría de financiar operaciones humanitarias y de cascos azules en los territorios palestinos, Sudán del Sur y Siria.

El secretario general, dijo defender al 100% el polémico texto, y tuvo también duras palabras para el Consejo de Seguridad por no respaldarle. “Los Estados miembros deben defender los mecanismos y mandatos que ellos mismos han establecido”, subrayó. El Comité de Derechos Humanos está especialmente cuestionado debido a que los países miembros con más hechos que ocultar –o encubrir– se apoyan mutuamente para elegir como sus sucesores a Estados igualmente propensos a violar derechos humanos. Arabia Saudí, por ejemplo, es actualmente miembro del Consejo.

EEUU, Rusia y China, entre otros, retienen sus pagos a…