En 2011 la policía moldava desmanteló una red criminal que intentaba vender uranio altamente enriquecido (UAE) en el mercado negro, pero uno de sus miembros, con un kilo de material radiactivo en su poder, no fue capturado. No es el único caso. En los últimos 20 años se han registrado 2.700 robos o pérdidas de material fisible susceptible de ser utilizado para fabricar explosivos nucleares.

Pese a las regulaciones nacionales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las iniciativas del G-8 y los esfuerzos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), los acuerdos internacionales en materia de seguridad nuclear carecen de coherencia y reglas uniformes. Ni siquiera el OIEA tiene un mandato explícito en ese campo. Según su director, Yukiya Amano, “nunca sabemos si lo sabemos todo, por lo que es inevitable pensar que la amenaza de terrorismo nuclear es real”. El hecho de que la célula yihadista que atacó Bruselas el 22-M planeara provocar en Bélgica un desastre similar a los de Chernóbil o Fukushima, ratifica los temores de Amano. Un 30% de los habitantes de EEUU vive a unos 100 kilómetros de distancia de alguno de los 99 reactores nucleares de ese país.

Otros 30 países tienen 300 plantas atómicas que producen electricidad. En 2012 dos trabajadores de la central nuclear belga Doel 4 viajaron a Siria para unirse a las filas del Estado Islámico/Daesh. Uno de ellos podría haber muerto allí y el otro fue condenado por terrorismo tras regresar a Bélgica.

Esos peligros llevaron a Barack Obama a convocar en 2010 en Washington la primera Nuclear Security Summit (NSS) después de que en 2009 en Praga advirtiera que el terrorismo nuclear era la “mayor y más inmediata amenaza a la que se enfrenta la seguridad mundial”. La cuarta NSS, tras las…