Los graves cargos vertidos por Vladimir Putin contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusándolo de enriquecerse con el petróleo sirio contrabandeado a Turquía por el Estado Islámico/Daesh –un tráfico por el que los yihadistas podrían obtener un millón de dólares diarios, según diversas estimaciones– y recordando que su yerno es ministro de Energía y uno de sus hijos dirige una importante petrolera, han sido recibidos con escepticismo por fuentes de inteligencia occidentales.

Daesh controla el 60% de los campos petroleros en Siria pero no toda la cadena de distribución, que está en manos de varios intermediarios y redes de contrabandistas que lo compran, refinan y luego venden al mejor postor, incluyendo al propio gobierno sirio y hasta a sus enemigos kurdos. Para los yihadistas es solo un negocio más, no un asunto ideológico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se ha limitado a insistir que Ankara debe impedir la comercialización ilegal de petróleo sirio en su territorio. Valérie Marcel, experta en energía del think tank londinense Chatham House, sostiene que acusar a Turquía de derribar un avión ruso para asegurar su suministro de petróleo o de que exista una complicidad entre su gobierno y el Daesh es una “teoría conspirativa” para desprestigiar a Erdogan por sus políticas contrarias al régimen de Bachar el Asad.

Turquía lleva años facilitando la entrega de dinero, armas y recursos a los enemigos de El Asad, incluidos grupos islamistas como el Frente Al Nusra. Dos periodistas turcos del Cumhuriyet, Can Dundar y Erdem Gul, fueron detenidos hace unas semanas bajo acusaciones de espionaje por haber publicado un reportaje sobre las entregas de armas por parte de los servicios de inteligencia turcos a grupos islamistas sirios.

Por otro lado, la oposición de Ankara al reforzamiento de las…