La renuncia de Otto Pérez Molina, el primer presidente de Guatemala en ser procesado por corrupción, ha eclipsado los resultados de la primera vuelta electoral del 6 de septiembre, en la que un humorista sin experiencia política, Jimmy Morales, capitalizó la frustración popular con la clase política al imponerse con un 25% de los votos sobre el empresario Manuel Baldizón (19,4%) y la ex primera dama, Sandra Torres (19,5%), que al final será quien dispute la segunda vuelta con Morales.

La vicepresidenta de Pérez Molina, Roxana Baldetti –a la que le unía una antigua alianza política y una tormentosa relación sentimental–, ya estaba en prisión, acusada de haber dirigido “La Línea”, una trama corrupta en las aduanas del país que a cambio de sobornos reducía las cargas impositivas que debían pagar los importadores. Las investigaciones del ministerio Público –que no hubiesen sido posibles sin la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo internacional financiado por Estados Unidos y la Unión Europea que actúa en el país desde 2007– han arrojado pruebas demoledoras contra Pérez Molina y Baldetti, que se movía entre sus lujosas residencias desperdigadas por el país en el helicóptero de una constructora que había obtenido cuantiosos contratos del gobierno.

El 27 de agosto el ministerio Público presentó decenas de grabaciones telefónicas en las que se mencionaban los alias de Pérez Molina en la trama: el Mero Mero, el Dueño de la finca, el Número 1, el Alto señor y el Presidente. Gobierno tras gobierno, la escalada de la corrupción terminó convirtiendo a la presidencia en el principal articulador de la degradación institucional.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Tras una sangrienta guerra civil que se prolongó entre 1954 y 1996 y que provocó 200.000 muertes, la sociedad…