En 1937 el entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo dirigió una sangrienta campaña militar para “limpiar” de haitianos el país. Según testimonios de la época, el río Dajabón, frontera entre Haití y República Dominicana, aumentó su caudal por la sangre de los casi 10.000 braceros haitianos asesinados por el régimen.

Ese violento episodio ha marcado indeleblemente las relaciones entre ambos países. En 1991 decenas de miles de haitianos fueron deportados a Haití. El último episodio de esa discriminación ha sido la decisión del gobierno de Santo Domingo de expulsar a todos los inmigrantes haitianos indocumentados o que no puedan demostrar su arraigo en el país.

El 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Supremo dominicano dictaminó que los nacidos en el país dejarían de ser reconocidos automáticamente como dominicanos y que esa norma –en una evidente aberración jurídica– se aplicaría retroactivamente a todos los nacidos antes de 1929 por tratarse de hijos cuyos padres estaban “en tránsito”, con lo que casi 200.000 personas corrían el peligro de convertirse en apátridas de la noche a la mañana.

Esa sentencia mereció la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014. Ante la presión internacional, en mayo del mismo año el Congreso dominicano aprobó un programa de registro civil que permitiría obtener la ciudadanía a quienes pudieran demostrar que residían en el país antes de 2011, señalando febrero de 2015 como fecha límite.

Quienes no se hubiesen registrado para esa fecha serían deportados a partir del 17 de junio. Según la Organización Internacional de las Migraciones (oim), hasta la fecha unos 288.000 inmigrantes extranjeros –un 85% de ellos haitianos– ya lo han hecho. Pero dado que la oim estima que hay al menos medio millón de inmigrantes irregulares en el país, unas 200.000 personas han quedado en un…