La tímida y cautelosa reforma que suponía la ampliación de los horarios comerciales y la liberalización profesional de abogados y notarios estuvo a punto de zozobrar por la oposición del ala izquierda socialista y de la conservadora UMP. Al final, el primer ministro, Manuel Valls, y el ministro de Economía, Emmanuel Macron, tuvieron que aprobar las medidas por decreto, lo que refleja la inercia a la que se enfrentan.

La llamada Ley Macron autoriza la ampliación de horarios de los comercios los domingos en zonas turísticas y de cinco a 12 el número de domingos laborables en centros comerciales. Algunos diputados socialistas la consideraron intolerable, anunciando que votarían en contra.

Lo lógico era que Valls lograra aprobar la ley con el apoyo de la derecha. Sin embargo, escudándose en que la reforma era “mínima”, la UMP se negó –irresponsablemente, según el Financial Times– a apoyar al ejecutivo.

Ante ello, Valls utilizó un precepto constitucional que permite aprobar una ley sin pasar por el Parlamento, siempre que el gobierno se someta a una moción de confianza. Dado que ninguna facción socialista –incluidas las más díscolas– quería dejar caer su propio gobierno, Valls se salió con la suya.

El problema es que esa maniobra política solo se puede utilizar una vez en cada legislatura, lo que significa que Valls y Macron van a tener muy cuesta arriba las próximas etapas de su carrera reformista, que incluye recortes de impuestos y cambios en la legislación laboral.

A pesar de que sabía que quemaría su único cartucho en una escaramuza, Valls no tenía más remedio que sacar adelante la ley, tanto para superar el marasmo, ya crónico, de la economía, como porque necesitaba que Bruselas, que ha amenazado con abrir a París un expediente por incumplimiento de los objetivos de déficit,…