El continuo flujo de yihadistas magrebíes a los campos de batalla sirio-iraquíes, en el que se mezclan tunecinos, libios, argelinos y marro­quíes, y la actividad de grupos salafistas en Mauritania, Argelia, Túnez, Libia y Egipto que dicen rendir obediencia al “califato” de Daesh, han reforzado los intentos de los gobiernos de la zona para controlar las mezquitas e impedir que sus imanes manipulen el islam con fines violentos.

Los ministerios de Asuntos Religiosos existen desde hace mucho en los países árabes. Pero el extremismo islamista actual ha obligado a replantear sus funciones. La llegada de los islamistas al poder en Túnez, Egipto, Libia y Marruecos –si bien temporalmente en algunos de ellos– puso a su alcance medios para difundir su mensaje que les estuvieron vedados durante décadas.

En Túnez, donde ha tenido lugar la única transición democrática de la primavera árabe, Ennahda, el partido islamista que gobernó entre 2011 y principios de 2014, alentó el surgimiento de grupos yihadistas que han terminado cayendo en la órbita de Daesh y del Frente Al Nusra en Siria e Irak.

El imán tunecino Abu Iyadh, fundador de Ansar Al Sharia, predicó hasta hace poco en la mezquita de Chebaou, próxima a la capital, sin que fuera perturbado por las autoridades. En Egipto, el régimen del general Abdelfattah Al Sisi ha destituido a miles de predicadores y supervisa las homilías pronunciadas en la gran oración de los viernes. Sin embargo, tolera la existencia de una multitud de mezquitas salafistas que controla un partido islamista opuesto a los Hermanos Musulmanes y que apoyó el golpe de julio de 2013.

Con ello, Egipto sigue el método saudí que consiste en luchar contra la radicalización islamista desde la propia ortodoxia religiosa, lo que impone mayores restricciones a las libertades…