El comienzo del debate parlamentario de la reforma del sistema educativo para que deje de ser un negocio lucrativo es un hito del esfuerzo de la presidenta, Michelle Bachelet, para reinventar –a marchas forzadas– el modelo de desarrollo chileno. El mismo día que tomó posesión del cargo, el 11 de marzo, anunció una agenda de 56 medidas para sus primeros 100 días de gobierno. Ya casi las ha cumplido.

Chile ha tenido un notable éxito en el crecimiento del PIB (una media del 5% anual desde 1988), la reducción de la pobreza (hoy en el 14,4%, frente al 45% de 1985) y la atracción de la inversión extranjera. Pero solo 18 países, entre los 140 analizados por el Informe de Desarrollo Humano de la ONU, están por debajo en cuanto a desigualdad, lo que relativiza sus 20.000 dólares de renta per cápita, la más alta de América Latina. En 1990 eran 5.000 dólares.

Bachelet está convencida de que rescatar al capitalismo chileno de sus propios excesos comienza por las reformas educativa y tributaria. En sus planes, la subida del impuesto de sociedades, del 20 al 25% de aquí a 2017, debería servir para recaudar los recursos necesarios con los que financiar una educación universal y gratuita que permita una sociedad más equitativa.

Chile tiene algunas de las universidades más caras del mundo en relación a los niveles de ingresos medios de su población, un problema que las familias tratan de resolver contrayendo créditos que dejan a los egresados universitarios con enormes deudas una vez que terminan sus estudios. Algunos de los líderes de las protestas estudiantiles de los últimos años forman hoy parte de la coalición oficialista Nueva Mayoría (NM). Su portavoz en el Senado, Jaime Quintana, ha declarado que es necesario “destruir los anticuados fundamentos del…