La presión en las fronteras meridionales más sensibles de la UE –las terrestres de España con Marruecos y las marítimas con Italia en el canal de Sicilia– ha aumentado exponencialmente en los últimos meses y nada permite esperar que se vaya a atenuar en un futuro previsible.

El reflejo más inmediato de la tensión son las imágenes dramáticas de los inmigrantes asaltando las barreras fronterizas o ahogándose en las aguas del Mediterráneo, muchas veces ante la indiferencia de las fuerzas de seguridad, con la consiguiente –e inevitable– politización del asunto.

El problema se agrava por la escasa solidaridad de los demás socios de la ue con los guardianes nacionales de unas fronteras que deberían ser consideradas comunes a todos. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha advertido que tomará medidas contra España si se confirma que la actuación de la Guardia Civil vulneró la legislación de la ue el 6 de febrero, cuando murieron ahogados 15 inmigrantes en Ceuta.

Hace ocho años se produjo una situación similar con la llamada “crisis de los cayucos”. Entonces, la ue terminó haciéndose visible en aguas atlánticas con los medios navales de Frontex, la agencia europea para las fronteras exteriores de la Unión. Hoy la situación es distinta debido a la especificidad de las fronteras terrestres españolas con Marruecos en Ceuta y Melilla.

Ello provoca que, en gran medida, el gobierno de Madrid tenga que asumir en solitario su protección en un momento especialmente complicado en África del Norte y Oriente Próximo. Las revueltas árabes y la desestabilización del Sahel por grupos yihadistas han generado movimientos de población sin precedentes en el Mediterráneo, sobre todo de refugiados sirios que huyen de la guerra civil en su país. El 14 de febrero, por ejemplo, más de 400 sirios intentaron entrar irregularmente en Melilla.

Los…