La legislación uruguaya sobre los derechos de las mujeres, el divorcio, el aborto y los matrimonios homosexuales es una de las más liberales de América Latina. Con esos antecedentes, el pequeño país platense de 3,3 millones de habitantes no podía tardar en tomar la iniciativa respecto a uno de los problemas más acuciantes de la región: el narcotráfico y todas las secuelas de salud y orden público derivadas de la ilegalización de las drogas.

Con el reciente voto de la cámara baja del Congreso uruguayo a favor de  legalizar la comercialización de la marihuana, por 50 votos contra 46, el gobierno del izquierdista Frente Amplio del presidente José Mujica ha ido más allá que Holanda y los Estados de Colorado y Washington en Estados Unidos.

Tras la próxima ratificación del Senado de la nueva ley, el gobierno comprará directamente el cannabis a cultivadores autorizados y lo distribuirá a los consumidores a través de farmacias. Además, cualquier ciudadano uruguayo podrá cultivar hasta seis plantas para su consumo personal y comprar hasta 40 gramos al mes de la hierba. Los “clubs o cooperativas de cannabis” podrán cultivar 99 plantas para el uso personal de sus socios.

Con ello, Uruguay se convertirá en un laboratorio social que podría sentar precedentes determinantes para la erosión del régimen prohibicionista de las drogas que ha hecho que varios países de la región, especialmente en Centroamérica, estén entre los más violentos del mundo, con tasas de homicidios propios de zonas de guerra. Uruguay tiene varias bazas para tener éxito en el experimento que va a acometer: posee una de las economías más fuertes de la región y una de las menores tasas de delincuencia, además de figurar en los puestos más altos de índice de desarrollo humano de la ONU y en los más bajos de corrupción de Transparencia Internacional….