La política búlgara se ha tensado hasta el extremo tres meses después de las elecciones legislativas anticipadas del 12 de mayo. Las protestas callejeras se dirigen contra el gobierno de coalición entre el Partido Socialista (PSB) y el Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS), que representa los intereses de la minoría turca.

Si las protestas y movilizaciones continúan con la misma intensidad, po­drían obligar a un segundo adelanto electoral, probablemente coincidiendo con las elecciones europeas de mayo de 2014. El detonante de la protesta fue la designación en junio de un empresario y diputado de dudosa reputación, Delyan Peevski, como responsable de la agencia estatal de seguridad.

El primer ministro, Plamen Oresharski, no previó las consecuencias de su nombramiento, que poco después fue anulado por el Parlamento ante la indignación popular, ampliada a través de las redes sociales.

Sin embargo, el secretario general del PSB y presidente del Partido Socialista Europeo, Serguei Stanichev, optó por el silencio, con lo que empeoró las cosas, al punto que los manifestantes cercaron la Asamblea Nacional e hicieron que tres ministros y una treintena de diputados tuvieran que ser evacuados por las fuerzas de seguridad.

La posterior actuación policial fue desproporcionada, caldeando aún más los ánimos. A diferencia de las grandes movilizaciones de febrero –en protesta por el aumento de la inflación y de los precios de la electricidad–, la nueva oleada de manifestaciones busca una regeneración ética del sistema político, gravemente minado por la corrupción.

Incluso la Iglesia ortodoxa búlgara, cuyo expatriarca vivía rodeado de lujo en un país donde el 22% de la población es pobre, se ha visto salpicada por escándalos de enriquecimiento ilícito y de connivencia del clero con los antiguos servicios secretos, la Darzhavna Sigurnost (DS). Los manifestantes exigen la renuncia de los…