Con la reanudación de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, subraya su intención de no ceder a la intensa presión en contra de los sectores más conservadores liderados por el expresidente Álvaro Uribe.

Pero para curarse en salud, el jefe de la comitiva oficial, Humberto de la Calle, advirtió que su gobierno no firmará “una paz a cualquier precio” y que el proceso no se puede prolongar indefinidamente. En otras palabras: la paciencia de la sociedad colombiana se está agotando y los líderes guerrilleros se equivocarían si piensan que el tiempo corre a su favor.

Las negociaciones, iniciadas el 19 de noviembre de 2012, siguen estancadas en el primer punto de una agenda de cinco: el problema agrario, la bandera de enganche de una organización armada que antes de hacerse castrista en los años sesenta fue un movimiento que luchaba por una reforma agraria.

La estructura de la propiedad agraria ha cambiado poco desde entonces: el 1,15% de los propietarios tiene el 52% de las tierras cultivables. Incoder, el organismo oficial para la reforma agraria, está paralizado por los miles de casos de disputas por tierras sin resolver.

La atmósfera política en Bogotá se ha enrarecido desde que la reciente marcha de la paz en varias ciudades colombianas enconara el enfrentamiento entre quienes fueron aliados y hoy son enemigos. Para obtener respaldo popular al proceso de paz, el gobierno aceptó que las FARC y su brazo político, Marcha Patriótica, participaran en la convocatoria. Uribe denunció que la marcha pretendía legitimar a las FARC y favorecer la reelección de Santos.

Ese escenario envenenado podría bloquear el acuerdo en el punto agrario. Tradicionalmente, las FARC habían exigido la confiscación de los latifundios y la repartición de sus tierras entre los campesinos….