Nunca como ahora en Europa parece haber sido tan cierto el proverbio recordado hace poco por el ministro español de Finanzas, Cristóbal Montoro, y atribuido a Benjamin Franklin, sobre la única certeza que existe en la vida: la muerte y los impuestos. Los gigantescos déficit presupuestarios, la atonía económica y el estancamiento de los ingresos fiscales, ha llevado a muchos gobiernos comunitarios a utilizar el recurso más a mano: el aumento de la presión impositiva.

La situación de las cuentas públicas de los países periféricos de la zona euro es tan seria que se han olvidado las antiguas lecciones liberales sobre la inconveniencia de subir impuestos en fases recesivas por sus efectos contraproducentes. La famosa “curva de Laffer” muestra cómo puede llegar un punto en el que un gobierno, al gravar excesivamente ciertos bienes y servicios, deje de recaudar tributos en la misma –o mayor– proporción que los aumenta. Los países más endeudados no han podido verificar las ventajas de una menor carga tributaria. Los planes de ajuste les han negado esa oportunidad.

En España, el gobierno de Mariano Rajoy no tardó en hacerlo tras llegar a la Moncloa, renegando de sus reiteradas promesas electorales.

En una escala imprevista en un gobierno conservador, ha subido los tipos marginales hasta situarlos entre los más altos de Europa, el IBI y el IVA del 18 al 21%, al tiempo que ha endurecido la tributación sobre plusvalías o las retenciones a los profesionales del 15% al 21%, reduciendo el poder adquisitivo de las clases medias. Si se tienen en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social, un trabajador autónomo con ingresos brutos de unos 2.000 euros mensuales ya está tributando al Estado el 42%.

Tal como anticipaba la teoría económica, esas cargas tributarias adicionales no han dado ningún resultado positivo visible….