La muerte el pasado 16 de agosto de 34 mineros surafricanos a manos de la policía, que hirió además a otros 78 disparando indiscriminadamente contra ellos, ha puesto en jaque al presidente Jacob Zuma, cuestionando la forma en la que el oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) gestiona la mayor economía del continente africano.

La matanza de Marikana, los disturbios y las protestas de los mineros, reprimidas con una violencia sin precedentes en 18 años de democracia, ha dejado al descubierto las fisuras sociales que se ocultan detrás de la imagen de creciente prosperidad del país, revelando a los propios surafricanos que la brutalidad policial, uno de los legados más oscuros de la era del apartheid, no desapareció con la abolición de la supremacía blanca.

El principal sindicato minero del país, estrechamente vinculado al CNA, se opuso a las huelgas convocadas por los sindicatos disidentes para exigir mejores condiciones laborales a la compañía británica Lonmin Platinum, el tercer productor mundial de platino. Sin embargo, los mineros rebeldes fueron capaces de forzar un cierre temporal de la mina.

Suráfrica es el primer productor mundial de platino (70% del total) y el quinto de oro. La minería genera el 5% del PIB, 36.000 millones de dólares anuales en exportaciones y emplea a medio millón de personas, muchas de las cuales trabajan en condiciones intolerables. El año pasado perdieron la vida más de 120 mineros en accidentes laborales. Desde la masacre de Marikana, el precio del platino ha aumentado un 10%.

El conflicto se ha agravado a pesar de los gestos conciliadores que ha prodigado Zuma. Sus críticos denuncian que, bajo su liderazgo, el CNA se ha convertido en un aparato político especializado en vender a las multinacionales servicios de intermediación para sus negocios, escudándose tras unas fuerzas de seguridad bajo el control…