La grave crisis institucional que lleva arrastrándose desde principios de año en Pakistán por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo, alcanzó un punto álgido el 19 de junio con la destitución del primer ministro, Yusuf Reza Gilani, y de todo su gabinete por los jueces de la máxima instancia judicial del país.

Gilani había sido condenado por desacato por el tribunal el 26 de abril. Sus jueces sostuvieron que el primer ministro se había negado a colaborar en la investigación de un caso de corrupción que comprometía al presidente, Asif Alí Zardari. La crisis política se extendió cuando el sucesor propuesto de Gilani, Makhdoom Shahabuddin, estrecho colaborador de Zardari, vio cómo justo antes de la votación de su investidura en el Parlamento, un tribunal dictó una orden de detención contra él por su presunta implicación en otro caso de corrupción en el que también se implicaba a un hijo de Gilani.

Esa colisión de poderes ha puesto en entredicho la institucionalidad del país. Antes, lo habitual era asistir a periódicos pulsos entre civiles y militares. Con la entrada en escena de los jueces, algunos analistas han comenzado a hablar de un “golpe judicial” contra el oficialista Partido Popular de Pakistán.

Pero los militares tampoco están al margen de la crisis, dado que las acusaciones contra Shahabuddin proceden de la Fuerza Antinarcóticos, dirigida por el Ejército. La fijación del Tribunal Supremo con Zardari se remonta a 2009, cuando el presidente se opuso a restablecer en su puesto a Iftikhar Muhammad Chaudhry como presidente de ese órgano judicial, puesto del que había sido destituido por el gobierno del general Pervez Musharraf.

El telón de fondo del pulso entre políticos y jueces es el de un país donde la violencia ha crecido de forma exponencial en…