El proyecto del presidente y principal accionista de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, de 78 años, magnate del juego estadounidense, de levantar un nuevo Las Vegas en España, más allá de la polémica sobre las condiciones exigidas para su implantación, plantea dudas sobre el modelo de desarrollo que implica un proyecto así.

En tiempos donde se aboga por una mayor regulación del sector financiero tras la implosión del sistema en 2008, severo golpe al conocido como “capitalismo de casino”, sorprende la fuerte apuesta de los presidentes de las comunidades catalana y madrileña, Artur Mas y Esperanza Aguirre, respectivamente, a favor del Casino. Muchas voces moderadas lo creen un proyecto pernicioso, caduco, propio de sociedades sumidas en el subdesarrollo.

La promesa de una inversión que podría alcanzar los 18.000 millones de euros, crear 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos, según cálculos de Las Vegas Sands, y aportar cinco millones de turistas adicionales, viene con contrapartidas propias de un paraíso fiscal. Entre ellas, la de modificar la ley de Juego, la ley de Enjuiciamiento Civil, la ley de Extranjería, la ley Antitabaco, el Estatuto de los Trabajadores y la ley de Procedimiento Laboral. “¿Después de haber sido La Meca de la construcción, se convertirá España en el templo del juego?”, se pregunta Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde.

En 2004, Adelson abrió su primer casino en Macao, único enclave de China donde el juego está permitido. En la actualidad, posee tres resort del juego en la antigua colonia portuguesa, que tiene un tercio de su economía en manos de intermediarios relacionados con las triadas, la mafia china, según el departamento de Estado de EE UU. Una de las condiciones de Las Vegas Sands es legalizar en España ese sistema de intermediarios, conocidos como junkets, lo que obligaría, entre otras…