Si, como ha prometido, la Organización para la Cooperación y el ­Desarrollo Económicos (OCDE) no logra consensuar un acuerdo multilateral para los impuestos digitales transfronterizos antes de fin de año, el conflicto se recrudecerá, amenazando el comercio y las inversiones internacionales. En julio de 2019, Francia aprobó un impuesto del 3% sobre los ingresos brutos de las compañías que proveen servicios digitales a consumidores franceses: venta de publicidad y datos, intermediación, servicios online… La tasa debía entrar en vigor el 1 de enero de este año.

Un 3% no parece mucho, pero para un negocio con un margen de beneficio del 12% equivale a una tasa del 25% sobre los beneficios netos. París subraya que la medida no se aplicará solo a compañías de EEUU, y espera recaudar con ella unos 500 millones de euros anuales.

Trump replicó a Macron que solo EEUU cobra impuestos a sus empresas y que si Francia seguía adelante impondría tarifas del 100% a productos franceses por valor de 2.400 millones de dólares. El pasado verano, la Comisión Europea también presentó una propuesta para reformar el modo en que tributan los negocios digitales en el mercado comunitario.

El entonces comisario de Economía, Pierre Moscovici, dijo que si el 55% de los países miembros que representaran al menos el 65% de la población comunitaria votaba a favor, el nuevo régimen tributario sería aprobado.

Asimismo, unos 40 países –entre ellos Reino Unido, Australia, India, México, Nueva Zelanda, España, Corea del Sur y Turquía– están considerando imponer nuevos gravámenes a plataformas de redes sociales, comercio electrónico y motores de búsqueda, con ingresos globales superiores a los 1.000 millones de dólares anuales.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, ha advertido al gobierno de Londres, cuyas tasas digitales entrarán en vigor en abril, que también se enfrenta a represalias…