Todos los países del mundo observan cómo la percepción popular de lo injusto es indócil y, sobre todo, inflamable. Esa es la razón por la que los gobiernos temen tanto los estallidos de sus ciudadanos. A parlamentarios, jueces, periodistas y hasta a los propios enemigos se les puede comprar. A una multitud sublevada, no.

Y cuando los ciudadanos se rebelan –como sucede en Líbano desde Trípoli a Tiro– incendian, saquean y hasta matan, pero difícilmente se venden. Con frecuencia la ira de la calle solo necesita un detonante. En el país de los cedros esta vez ha sido el anuncio de que se aplicaría una cuota mensual de seis euros por las llamadas de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería. A ello se sumó la ineficacia gubernamental a la hora de extinguir el centenar de incendios forestales producidos en apenas tres días, de un extremo a otro del país, incluido el venerado monte Chouf.

En un país con una deuda pública equivalente al 150% del PIB (86.000 millones de dólares), la tercera más alta del mundo en términos relativos, y una tasa de desempleo juvenil del 37%, no es extraño que el gobierno pretendiera equilibrar las cuentas públicas subiendo la presión fiscal. El problema es que lo hizo después de saberse que el primer ministro, Saad Hariri, pagó 16 millones de dólares en 2013 a una modelo surafricana, probablemente para comprar su silencio.

Esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los libaneses, hartos de soportar cortes crónicos de suministro eléctrico y agua potable, en un país con un millón y medio de refugiados sirios que se han sumado a los más de 400.000 palestinos que viven dispersos en 12 campos de refugiados.

Al igual que en Argelia, Sudán, Irak y Egipto, nada pudo contener…