Cuando terminó el apartheid, parte de la minoría blanca auguraba que en una democracia gobernada por la mayoría negra y su principal partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), Suráfrica no tardaría en caer en la autocracia y el nepotismo como el Zimbabue de Robert Mugabe.

El gobierno del recién dimitido presidente Jacob Zuma parece darles la razón. Es el cuarto mandato desde la caída del régimen racista y ha dejado tras su paso por el poder un reguero de escándalos de corrupción y una demostrada estrategia de captura del Estado para entregarlo a un red de cómplices.

En 2014, Zuma –héroe del CNA y encarcelado 10 años en Robben Island con Nelson Mandela– fue acusado de utilizar 24 millones de dólares de dinero público para reformar una de sus mansiones. Hoy se le acumulan 783 cargos formales por aceptar sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para favorecer a la poderosa familia india Gupta, que se enriqueció por su estrecha relación con Duduzane Zuma, uno de los hijos del presidente, encargado de amañar la concesión de contratos públicos.

Según el exministro de Finanzas Pravin Gordhan, desde que Zuma llegó al poder en 2009, las fortunas ilegales de burócratas y políticos le han costado entre 11.000 y 15.000 millones de dólares, un 5% del PIB.

Pese a su escasa popularidad –20% en enero– y a ocho mociones de censura, Zuma sobrevivió gracias a un sistema electoral de listas cerradas y a la red clientelista que creó y cultivó entre las bases rurales del CNA. Estuvo incluso a punto de colocar a su exesposa, Nkosazana Dlamini-Zuma, en la presidencia del CNA en las elecciones internas de diciembre, quien prometió expropiar tierras sin compensar a sus dueños, en su mayoría blancos; un discurso muy popular entre los zulúes,…