Las 239 muertes provocadas por atentados terroristas en Francia desde enero de 2015 han generado una atmósfera pública enrarecida por el temor a los musulmanes, que habitan en la periferia, convertida en enclaves étnicos que miran con sospecha, miedo o indiferencia al Estado francés.

Esto explica que los franceses estén cada vez más dispuestos a sacrificar sus antiguas y preciadas libertades públicas por la relativa sensación de seguridad que les ofrece el estado de emergencia, que ahora ha sido convertido en un proyecto de ley antiterrorista por el gobierno de Emmanuel Macron.

La prueba de ese proceso de erosión de los contrapesos judiciales a las decisiones políticas y policiales fue el contundente voto favorable a la ley en la Asamblea Nacional: 415 a favor frente a los 127 del no, con 19 abstenciones. En la sesión, el ministro del Interior, Gérard Collomb, justificó la ley asegurando que desde 2015 Francia se encuentra en un estado de “guerra permanente” y que las fuerzas de seguridad necesitan poderes especiales para hacer frente a un enemigo cada vez más difuso e imprevisible.

Pero es difícil que unas fracturas sociales que obedecen a las dificultades del laicismo oficial para integrar a la minoría musulmana se solucionen solo con medidas de seguridad. Además de su participación activa en la coalición que lucha contra Daesh en Irak y Siria, Francia es el país europeo con la minoría musulmana más numerosa (8-9% de la población) y el que más combatientes extranjeros –medio millar– ha enviado al califato yihadista, desde donde algunos han retornado con formación militar.

Algunos creen que Macron optó por convertir en ley el estado de emergencia –que rige desde noviembre de 2015, cuando fue declarado por François Hollande tras los atentados de París que dejaron 130 muertos– para resguardar su flanco derecho y poder…