Según la ONG Global Witness, que desde 2002 ha contabilizado 1.176 asesinatos de activistas medioambientales en todo el mundo, 2015 fue el peor año registrado hasta la fecha: 185 víctimas, 122 de ellas latinoamericanas. Todas estaban vinculadas a movimientos de protesta contra diversas industrias extractivas de recursos naturales: minería, hidrocarburos, tala, agroindustria intensiva y energía hidroeléctrica.

Paradójicamente, El Salvador, el país más pequeño de la región, cree haber encontrado una solución a uno de esos grandes problemas prohibiendo la minería aurífera y de otros metales, lo que aprobó en el Parlamento en abril (70 de 84 votos) con gran apoyo popular. Es la primera vez que un país veta por razones medioambientales una gran industria extractiva.

El primer artículo de la ley prohíbe taxativamente la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o en el subsuelo, de cualquier tipo de minería metálica. No es extraño. El Salvador, el país más densamente poblado del hemisferio (311 habitantes por kilómetro cuadrado agolpados en 21.000 kilómetros cuadrados), es el segundo país con mayor degradación medioambiental después de Haití, según la ONU. Y sus cuencas hidrológicas son las más contaminadas. Según el Council on Hemispheric Affairs de Washington, ya casi no queda agua limpia en el país.

El oro en polvo se extrae habitualmente usando líquidos con fuerte concentración de mercurio y cianuro para disolverlo y fundirlo después. Ese proceso genera grandes cantidades de contaminantes. Los residuos resultantes –especialmente en climas húmedos– reaccionan con el oxígeno del aire generando ácido sulfúrico y liberando metales pesados como cadmio y plomo, muy tóxicos incluso en pequeñas concentraciones.

En EEUU, el Estado de Montana prohibió en 1998 por iniciativa ciudadana las explotaciones con cianuro tras una catástrofe ecológica causada por la minería aurífera. Costa Rica, Alemania, Hungría, Turquía y varias provincias argentinas han…