El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parece a punto de cumplir su sueño político de emular a Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna, acumulando tantos –o más– poderes que él. Primer ministro entre 2003 y 2014 y jefe del Estado desde entonces, Erdogan se apresta a utilizar los resultados del referéndum del 16 de abril, que debe validar la reforma constitucional impulsada en el Parlamento por el oficialista AKP, para convertir Turquía en una república presidencialista.

Para llegar hasta aquí, Erdogan forzó un adelanto electoral en noviembre de 2015, al no lograr el resultado que deseaba en las elecciones de junio de ese mismo año. En el segundo intento consiguió revalidar la mayoría absoluta que ya había logrado en tres ocasiones desde su primera victoria en 2002.  Sus ambiciones políticas no parecen tener límite. Según un reciente informe de la Comisión de Venecia, un grupo de expertos juristas que asesoran a los gobiernos de 61 países, incluido Turquía, sostiene que el sistema propuesto dará al presidente un poder excesivo. En su camino a una autocracia plebiscitaria –y de forma más notoria tras el fracasado golpe de Estado del pasado verano–, Erdogan ha ido purgando –o cooptando– cualquier oposición a su régimen, abandonando a antiguos compañeros de viaje como el predicador suní Fethullah Gülen, desactivando el poder militar, encarcelando a sus críticos y creando una nueva clase empresarial afín a los postulados del AKP.

Pero incluso ese empresariado emergente se ha convertido en objetivo de sus represalias. En los últimos meses, unas 800 compañías que suman un valor estimado de 10.000 millones de dólares han sido expropiadas. Unos 60 destacados empresarios han sido detenidos por su supuesta pertenencia a la red de Gulen. Desde el golpe, más de 40.000 turcos han sido detenidos y otros 130.000…