Grecia vuelve a estar al borde de la insolvencia. El próximo julio tendrá que pagar a sus acreedores 6.300 millones de euros que no tiene, por lo que necesita desbloquear los casi 7.000 millones de euros del segundo tramo del tercer rescate europeo firmado en agosto de 2015 y reestructurar el pago de su cuantiosa deuda externa, de 320.000 millones de euros, el 180% del PIB, un 50% más que cuando empezó su crisis.

Pocos dudan de que al final, Atenas recibirá el dinero. Todos saben que la alternativa sería desastrosa. Pero las condiciones para la transferencia de los fondos han generado un tenso debate entre el FMI y Bruselas, que ha advertido a su directora gerente, Christine Lagarde, que no la autorizará si la institución multilateral no participa en la operación.

El FMI ha puesto varias condiciones: la primera de ellas conceder a Atenas un respiro en las condiciones y plazos del pago de la deuda. El FMI sostiene que sin un trato flexible, la economía griega no podrá recuperarse. Sus países miembros no europeos, por otra parte, se oponen a seguir apoyando a Grecia, que desde el principio de la crisis ha recibido una atención desproporcionada en ayudas y créditos en relación a los países emergentes.

Pero debido a que Grecia crecerá este año un 2,7%, Bruselas no quiere relajar la presión sobre Atenas. Al mismo tiempo, sus acreedores –básicamente la antigua troika integrada por la UE, el FMI y el BCE– son conscientes de que recortes adicionales en el gasto público afectarán inevitablemente al sistema sanitario, al presupuesto de defensa (Grecia es uno de los cuatro países europeos de la OTAN que dedica el 2% del PIB al gasto militar) y a las pensiones.

Un aumento de los impuestos hundiría un consumo que comienza a recuperarse…