Con su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente surafricano, Jacob Zuma, ha querido tender una cortina de humo sobre los muchos escándalos de corrupción que le acosan. La opositora Alianza Democrática ha denunciado ante los tribunales al ejecutivo por decretar la salida de la CPI de Suráfrica sin aprobación parlamentaria y a Zuma por evasión fiscal, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias.

Nelson Mandela, líder histórico del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna desde 1994, integró el Estatuto de Roma de 1998, que creó la CPI, en el ordenamiento jurídico interno. Pero tras su largo paso por el poder, el CNA se ha ido haciendo cada vez más autoritario.

El presidente, que acabará su mandato en 2019, sin embargo, ha subestimado la fortaleza de las instituciones democráticas, como acaba de demostrar la desestimación por parte de la fiscalía de los cargos de fraude presentados contra el ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, veterano luchador contra el apartheid que se atrevió a cuestionar el manejo de Zuma de las empresas estatales y su manipulación de las agencias anticorrupción y la política monetaria. Los enemigos de Gordhan en el CNA le acusan de ser el representante del “capital blanco”, que aún controla importantes sectores de la economía. Su rehabilitación fue recibida por los mercados con un fortalecimiento del rand y un descenso de la prima de riesgo.

Zuma es acusado además de haber gastado 20 millones de dólares de fondos públicos para reformar una residencia privada. Pero el presidente no va a entregar su cabeza a sus enemigos. Al contrario, tratará de amarrar su sucesión al frente del CNA y designar a su candidato presidencial. Los congresistas del CNA son elegidos en listas cerradas, lo que los ata a las decisiones de la cúpula. Y…