En los encuentros internacionales sobre infancia y refugio en estos últimos años, especialmente desde 2015, es recurrente la sorpresa mostrada por la mayoría de nuestros colegas de otros países al constatar que la cuestión de la infancia refugiada, en general, y los retos relativos a sus derechos educativos, en particular, están todavía fuera de la agenda española. Los incumplimientos y aplazamientos en la acogida de los contingentes de personas refugiadas por parte del gobierno del Partido Popular entre 2015 y 2017, por una parte, y el hecho de que la mayoría de las llegadas se han producido mientras tanto a través de rutas africanas (en general, más tardías que las rutas balcánicas) hasta Melilla y, en menor medida, Ceuta, han contribuido a mantener a la sociedad española al margen de la experiencia de contacto directo con esta realidad.

Por otra parte, es bien conocido el carácter especialmente restrictivo de la legislación española en materia de acceso al refugio y al asilo a pesar de –o tal vez como parte de– la gestión directa de la frontera sur de la Unión Europea. El proceso de ubicación del contingente inferior a 20.000 personas refugiadas que el gobierno popular negoció en las reuniones de los jefes de Estado en 2015 ha sido sumamente lento. El caso de los menores en busca de refugio, tanto los no acompañados como los que viajan con sus familias, sigue siendo doblemente invisible –como refugiados y como menores– y así lo reconoce UNICEF España. Esto no hace más que agravar su vulnerabilidad ante la ausencia de vías seguras, exponiéndoles a graves situaciones de precariedad, abusos y violencia. Sin embargo, prestar atención a la infancia refugiada ya era urgente a la luz de los datos del propio Ministerio del Interior de entonces. Si bien uno de cada cuatro solicitantes…