Brasil celebra en octubre un proceso electoral muy complicado. El clima que impera en el país es de gran descrédito de las instituciones políticas. El proceso de impeachment a Dilma Rousseff entre 2015 y 2016 fue calificado por muchos como “golpe jurídico-parlamentario”, supuso una ruptura política dramática y un trauma social, fragilizó el orden democrático previo y aceleró los procesos de descomposición política, así como la pérdida de confianza en las estructuras representativas. En uno de los países más desiguales del mundo, los brasileños de repente se dieron cuenta de que la conciliación lulista –el pacto entre los de arriba y los de abajo, que permitía a estos últimos entrar en la pirámide de la ascensión social a través del consumo, al tiempo que los de arriba se enriquecían todavía más– ya no funcionaba. Al impeachment de 2016 se unió en abril de 2018 otro golpe para la sociedad brasileña: la entrada en prisión del presidente más popular de su historia, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a gobernar con una popularidad del 87% en 2010.

Lula en la cárcel, Rousseff fuera del Planalto y el actual presidente, Michel Temer, sin conseguir gobernabilidad. Las razones de esta incapacidad para hacerse con las riendas del país son diversas: un Congreso enormemente pulverizado en partidos que actúan como siglas de poder y no como configuraciones ideológicas (35 están oficialmente registrados en el Tribunal Supremo Electoral), unas elecciones inminentes que colocan la agenda electoral por delante de una agenda que procure estabilidad nacional, una sociedad escindida entre quienes defendieron el impeachment y los que estabn a favor de la permanencia de Rousseff en el gobierno, una crisis económica en aumento, la operación Lava Jato multiplicando el sentimiento antipolítico entre la población, la pérdida de apoyo del mercado ante el fracaso de la…