En un escenario de elevada apatía política, Túnez se enfrenta al riesgo de instaurar un sistema de baja calidad democrática, con una débil protección de los derechos individuales.

Con las recientes visitas a Túnez del presidente francés Emmanuel Macron y el español Mariano Rajoy se ha vuelto a poner de manifiesto el abismo que separa la percepción de las élites occidentales y los ciudadanos tunecinos sobre la situación en el país. Macron describió la transición como un gran éxito, y Rajoy saludó “el Túnez vigorosamente democrático”. En cambio, según las encuestas, cerca de un 80% de los tunecinos cree que el país va “en la dirección incorrecta”. Esta distancia sideral entre ambos puntos de vista se debe a que enfocan distintos momentos de la desigual trayectoria seguida por el país estos últimos siete años. Túnez aplicó con una relativa rapidez y éxito una serie de reformas políticas clave después de la Revolución de 2011. Sin embargo, actualmente experimenta un estancamiento tanto político como económico que explica la frustración ciudadana.

Las autoridades que pilotaron el inicio de la transición lograron organizar unas elecciones libres a finales de 2011, antes del primer aniversario de la revuelta. Durante los dos años siguientes, el Parlamento debatió, a menudo acaloradamente, el borrador de una Constitución democrática que fue finalmente aprobada por consenso en 2014. A finales de ese mismo año, tuvieron lugar unas segundas elecciones pluripartidistas cuyos resultados propiciaron un traspaso pacífico del poder. Entre las nuevas instituciones creadas figuró la Instancia de la Verdad y la Dignidad. Este organismo, encargado de investigar los crímenes de la dictadura y establecer reparaciones a las víctimas, es pionero en todo el mundo árabe. Estos primeros años de transición no estuvieron exentos de tensiones y angustias, pero hubo un claro avance.

Lentitud en las reformas económicas

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