En una larga generación casi ininterrumpida de democracia electoral llena de vitalidad, los gobiernos de América Latina apenas han dado respuesta al hecho de que la región padece los niveles de desigualdad más altos del mundo. Por el lado del gasto, se han puesto en marcha algunas medidas bastante innovadoras, consiguiendo que se vuelva a prestar atención a la redistribución mediante programas como las transferencias condicionadas de efectivo y las pensiones universales no contributivas, que han tenido como resultado una pequeña pero mensurable mejora de la igualdad en algunos países desde 2000.

No obstante, en toda Latinoamérica la fiscalidad sigue siendo en general regresiva, fundamentada en gran medida en los impuestos al consumo y, salvo algunas excepciones, muy poco en los impuestos sobre la renta de las personas físicas. La larga coexistencia de gobiernos elegidos democráticamente, una enorme desigualdad y falta de atención a la fiscalidad progresiva debería resultar desconcertante, entre otras cosas porque quebranta las expectativas del modelo de economía política de la tributación más citado.

Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo desde la reforma fiscal uruguaya de 2006, algunos responsables políticos han empezado a considerar qué se podría hacer en la parte de los ingresos para remediar la desigualdad. La reforma fiscal chilena de 2014 es el mejor ejemplo. Con todo, las medidas de fiscalidad progresiva han tropezado con diversos obstáculos, incluidas las dudas de algunos expertos y profesionales sobre su eficacia y viabilidad política. De ahí que se planteen las siguientes preguntas: ¿qué clase de reformas serían económicamente efectivas para la redistribución y políticamente posibles? ¿Qué condiciones y estrategias pueden ser las más propicias para esas reformas?

La reforma fiscal progresiva

Una reforma fiscal es progresiva en la medida en que, por término medio, desplaza la carga impositiva hacia los hogares más ricos…