Vivimos una auténtica aceleración de los tiempos, así como sucesos hasta ahora ­inéditos. No es extraño, por tanto, que las respuestas a los nuevos desafíos globales resulten más lentas y menos eficientes de lo ­deseable. Pero, como dice un proverbio oriental, aunque los avances sean insuficientes, lo más importante es que se produzcan en la dirección correcta. Lamentablemente, la superposición de la emergencia energética con la emergencia climática –ambas consecuencias de la lentitud en el proceso de la necesaria transición hacia la descarbonización de la economía– pone de manifiesto la dificultad de tomar decisiones con impacto en el corto plazo que no comprometan la consecución de objetivos a medio y largo plazo.

La progresiva incorporación de la transición ecológica –en particular, de la transición energética– en la agenda política no es un proceso irreversible: como toda conquista social, requiere una regulación específica, así como una distribución coherente de los recursos públicos. El objetivo, en este caso, es transformar el modelo productivo de forma consistente con los “límites planetarios” señalados en 2009 por el sueco Johan Rockström, para garantizar un progreso más justo, más seguro y más duradero. Ello exige, como en otros procesos de transición, determinados cambios en el sistema de incentivos, lo que altera las relaciones de poder. Aunque los avances en los derechos y obligaciones de los ciudadanos puedan parecer consolidados para siempre, lo cierto es que se mantienen, más o menos en sordina, posiciones contrarias que pueden reaparecer con fuerza en cualquier momento. Vivimos precisamente un preocupante retroceso de los fundamentos del Estado de bienestar –en particular, una abierta competición para ver quién baja más los impuestos y reduce más los servicios públicos–, así como del reconocimiento de la igualdad de género, e incluso el cuestionamiento de la democracia como opción política garante de la igualdad de…