En 2011, un movimiento de empoderamiento político, que llevaba años gestándose, pero que tuvo el detonante en abusos de poder indignantes (confiscación por la policía de un carretón de frutas de un joven tunecino; asesinato de un internauta egipcio; detención de menores por pintar proclamas en contra del poder en Siria…), sacudió las sociedades de los países árabes. Era la Primavera Árabe o las revueltas de la dignidad, que tenían como precedentes las intifadas de El Aaiún de 2005 y 2010 (para Noam Chomsky, la primera de las revueltas) y las protestas contra el pucherazo de Mahmud Ahmadineyad en las elecciones iraníes de 2009.

El desenlace de las revueltas fue muy diverso y solo en Túnez hubo una transición política sucesivamente acosada por los atentados contra el sector turístico y las fuerzas de seguridad, la crisis económica, la corrupción, el paro y la deuda pública, la descomposición de Ennahda ante la deriva autoritaria de su líder, Rachid Ghanuchi, y la crisis sanitaria de la Covid-19. En octubre de 2019 es elegido presidente (72,7% de los votos) Kais Said, un independiente populista conservador. En julio de 2021 disuelve el Parlamento, decreta el estado de emergencia aludiendo a un «peligro inminente», depone al primer ministro y lo sustituye por una mujer, Najla Buden, un hecho insólito en un país árabe. Al mismo tiempo, refuerza el poder presidencial anunciando que legislará por decreto y que reformará el Tribunal Supremo y la Constitución. Un «giro autoritario» que podría derivar en un «Estado de excepción permanente», como afirma Khadija Mohsen-Finan.

En el resto de los países, la transición o bien fue ahogada en sangre (Bahréin), o bien desembocó en un golpe de Estado militar (Egipto), o bien derivó en Estados fallidos o guerras con implicaciones internacionales (Libia, Siria, Yemen) o en una especie de maquillaje lampedusiano que dejó a las monarquías reinantes con los mismos poderes que tenían (Marruecos, Jordania), o el descontento tuvo efectos retardados en el tiempo y no siempre llegó a buen puerto (Argelia, Sudán). Las monarquías petroleras resultaron inmunes a la ola de descontento popular más allá de algunas tímidas protestas, rápidamente sofocadas.

Las revueltas eran también una respuesta al modelo de relaciones impuesto por los países occidentales tras el 11-S: apoyar a las dictaduras y a los regímenes teocráticos para frenar, supuestamente, el ascenso del islam político. Como precedente el apoyo que dio Occidente al golpe de Estado de Argelia del 12 de enero de 1992, alegando que así se evitaba la instauración de un Estado islámico que aboliría las conquistas democráticas y los derechos civiles obtenidos con Chadli Benyedid (presidente entre 1978 y 1992). En suma, se trataba de negar los derechos, las libertades y el desarrollo económico-social de las poblaciones árabes con tal de garantizar un statu quo beneficioso para los países occidentales en forma de recursos energéticos a bajo precio, de producción manufacturera y mano de obra inmigrada a bajo coste y de proporcionar prisiones secretas donde interrogar a los sospechosos de terrorismo sin tener que respetar el Estado de Derecho. El 11-S abrió, pues, un periodo de impunidad para muchos dictadores y no solo en los países árabes (Vladimir Putin destruyó Grozni e intensificó la «guerra sucia» en Chechenia ante el silencio de unos Estados Unidos absortos en ocupar Afganistán e Irak).

En las dos primeras décadas de este siglo, en las democracias liberales proliferan los movimientos populistas, xenófobos y de extrema derecha y se incrementan las medidas de seguridad que no evitan los atentados de Al Qaeda y de Estado Islámico en Europa (Madrid, 2004; Londres, 2005; París, 2015; Bruselas, 2016; Barcelona, 2017) y en países musulmanes, que es donde tienen lugar la mayor parte y donde producen más víctimas (Afganistán, Pakistán, Irak, Yemen…). En la segunda década, los intereses geopolíticos de EEUU se desplazan hacia el espacio indo-pacífico donde China se percibe como una amenaza para la hegemonía estadounidense, de tal manera que Washington disminuye su presencia en Oriente Medio y en el Norte de África. En Libia, deja gran parte del protagonismo a Francia y Reino Unido y también en el inicio de la guerra de Siria, e incluso en Yemen donde asesoran a la coalición liderada por Riad. La retirada estratégica de Washington abrió la puerta a nuevos actores en Siria, sobre todo después del error estratégico de Barack Obama de poner como líneas rojas para intervenir el uso de armas químicas por parte de Bashar al Assad. Putin acuerda la destrucción de las armas químicas sirias a cambio de evitar la intervención norteamericana y asegurar al régimen sirio. El resultado es una mayor implicación de Rusia y Turquía a partir de 2014 que juegan sus cartas: Ankara, impedir la consolidación en Siria de una autonomía kurda como la de Irak; Moscú, fortalecer la alianza con Al Assad, e indirectamente con Irán, y mantener las bases de Tartús (naval) y de Khmeimin (aérea). Con Donald Trump, la retirada estratégica de Siria es todavía más evidente.

La vuelta de los viejos conflictos no resueltos en un nuevo marco geopolítico regional

La represión de las revueltas árabes, la aparición de EI y su brutal expansión, la declaración del califato en Mosul (junio de 2014) y la guerra de Siria oscurecen por un tiempo los conflictos abiertos en Oriente Medio y el Norte de África. Sin embargo, la insensata política exterior de Donald Trump (2016-2020) y la deriva intervencionista de Putin en Siria vuelven a poner de relieve conflictos no resueltos de larga duración. Estos reaparecen con fuerza en un nuevo marco geopolítico regional definido por la retirada geoestratégica parcial de EEUU, la mayor implicación rusa, el protagonismo de Turquía, que pretende consolidarse como potencia regional, la pugna por la hegemonía en Oriente Medio entre Riad y Teherán, revestida con la secular oposición entre sunismo y chiismo, y la práctica desaparición de la influencia de la Unión Europea. A esto se suma, la invasión rusa de Ucrania que provoca graves disfunciones en los mercados energéticos (la OPEP ha anunciado que elevará el bombeo de crudo en 650.000 barriles diarios en julio y agosto, un 50% más que en los últimos meses, pero insuficiente para cubrir la aportación rusa) y una disrupción y una inestabilidad del mercado de cereales (Rusia y Ucrania aportan el 30% del trigo y la cebada mundial y el 20% del maíz) que afecta gravemente a países como Túnez, Egipto, Yemen (donde millones de personas viven en situación de inseguridad alimentaria y padecen hambre). Por último, la guerra también obliga a los países árabes a optar entre contrariar a Rusia o a sus socios europeos-norteamericanos.

El nuevo marco geopolítico regional está definido por la retirada geoestratégica parcial de EEUU, la mayor implicación rusa, el papel de Turquía, la pugna entre Riad y Teherán y la práctica desaparición de la UE

El presidente Trump lleva a cabo una política exterior profundamente desestabilizadora: 6 de diciembre de 2017, reconoce Jerusalén como capital de Israel y ordena el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén, contraviniendo la resolución 478 de 1980 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que recomienda retirar «tales representaciones de la Ciudad Santa»; 9 de mayo de 2018, rompe el acuerdo nuclear con Irán; 25 de marzo de 2019, proclama la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios; 2 de enero de 2020, ataque aéreo contra Qasem Soleiman, comandante de la Fuerza Al Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y militar de confianza del Líder Supremo, Alí Jamenei; 4 de febrero de 2020, presentación del Acuerdo del Siglo por Oriente Medio que, con la aquiescencia de Riad, deja el valle del Jordán en manos de Israel y compensa con 50.000 millones de dólares en 10 años –fondo de Arabia Saudí– a los palestinos para construir un pseudo-estado en Gaza y una disminuida Cisjordania y ayudar a los refugiados que deben renunciar al retorno como establece la resolución 194 de Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1948; mediados de agosto-septiembre de 2020, anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin con Israel; 10 de diciembre de 2020, y tras perder las elecciones, reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que el reino alauí normalice relaciones con Israel. Las decisiones de Trump no varían en el fondo –sí en la forma– las posiciones de Washington respecto a los distintos conflictos que, con la excepción de Irán, comparten en grandes líneas las últimas administraciones demócratas y republicanas.

Conflicto israelo-palestino

En relación al conflicto israelo-palestino, Trump avivó un fuego que ya ardía con fuerza. En abril-mayo de 2021, poco antes de que Naftali Bennett sustituyera en el gobierno a Benjamin Netanyahu tras 12 años como primer ministro (2009-2021), estallaba la enésima crisis a causa del desahucio de unas familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah que ya habían sido expulsadas de Jaffa y Haifa en 1948. El desahucio dejaba todo el perímetro de Jerusalén Este en manos judías y cerraba así el círculo sobre las familias palestinas del interior de la ciudad. Se producen protestas palestinas y el 10 de mayo tiene lugar la Marcha de la Bandera en conmemoración de la ocupación de Jerusalén Este durante la Guerra de los Seis Días. Se dan los primeros enfrentamientos entre manifestantes palestinos y judíos y las fuerzas de seguridad israelíes irrumpen en la mezquita de Al Aqsa causando más de 200 heridos. A partir de ese momento se desatan violentos enfrentamientos (más de 250 muertos) que duran 11 días: Hamás y la Yihad Islámica lanzan cohetes contra ciudades israelíes y el ejército de Israel bombardea Gaza. El enfrentamiento contra los palestinos es de nuevo un elemento de cohesión –probablemente el único– en la sociedad política israelí, pendiente de la formación de gobierno.

La crisis de 2021 no es equiparable a las anteriores: en esta ocasión, los árabes con ciudadanía israelí (el 21% de la población total) reivindican que ellos también son palestinos y se manifiestan en favor de los desahuciados y en contra de la actuación de las fuerzas de seguridad. En Galilea, Haifa y en otros lugares hay enfrentamientos entre colonos judíos y árabes israelíes y ataques a sinagogas y mezquitas. El modelo de los «dos Estados» parece definitivamente muerto ante la pasividad de Joe Biden, que vetó cualquier resolución condenatoria de Naciones Unidas, la impotencia de la UE y el silencio de la comunidad internacional, mientras Netanyahu destruía las infraestructuras de la Franja y masacraba sin testigos a la población, pues entre los primeros objetivos de la aviación israelí figuraba la torre de las sedes de Associated Press y Al Yazira.

En mayo de 2022, las tensiones continuaban: el Tribunal Superior de Israel seguía autorizando el desplazamiento forzoso de palestinos en Cisjordania, las fuerzas israelíes intensificaban las incursiones letales en ciudades palestinas, en Jerusalén Este unos 600 colonos asaltaban el recinto de la mezquita de Al Aqsa (5 de mayo), nueva provocación de los ultranacionalistas en la Marcha de la Bandera (29 de mayo). El 11 de mayo, una incursión militar de Israel en Yenin acabó con la periodista estadounidense-palestina de Al Yazira, Shireen Abu Akleh, muerta de un disparo en la cabeza.

Sáhara Occidental

Otro conflicto de larga duración que ha vuelto a la actualidad después de años de silencio ha sido el del Sáhara Occidental donde ha sorprendido el giro del gobierno español del 14 de marzo de 2022 cuando el presidente, Pedro Sánchez, envió al rey de Marruecos, Mohamed VI, una carta donde valoraba «la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución» del conflicto y abogaba por «profundizar la relación privilegiada entre nuestros dos países […] para afrontar juntos (sic.) los desafíos comunes, especialmente la cooperación [en la] (sic.) gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico […] Todas estas acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países». Sorprenden los motivos que se aluden para cambiar la posición mantenida por España durante los últimos 46 años –apoyar el Plan de Paz de Naciones Unidas que pasa por celebrar un referéndum de autodeterminación– y que el anuncio lo haga el gobierno marroquí y no el español. Es un cambio radical basado en ese deseo (español) de «cooperación en la gestión de los flujos migratorios» y de «garantizar la estabilidad e integridad territorial» (alusión a Ceuta y Melilla) que, sin embargo, carece de un compromiso explícito de Marruecos y que ha irritado profundamente a Argelia, el segundo suministrador de gas a España después de EEUU.

El cambio de postura de España ante el Sáhara Occidental ha provocado un terremoto geopolítico justo cuando la invasión rusa de Ucrania hace más necesario que nunca el gas argelino

En 1975, con los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España cedía la administración –no la soberanía, ya que esta pertenece siempre a los pueblos colonizados– del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania que ocuparon la excolonia. Nuakchot renunció al sur del territorio en 1979 y en 1991, tras 15 años de guerra, el Frente Polisario (Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) y Marruecos aceptan un alto el fuego y el Plan de Paz de Naciones Unidas. Marruecos tuvo siempre el apoyo de Francia y EEUU, que dispone de una base militar (Africom) cerca de Tan Tan para luchar contra el terrorismo en África. El mantenimiento del statu quo también ha favorecido a Rabat que ocupa la parte útil del territorio donde ha invertido grandes sumas para atraer a cientos de miles de marroquíes, ha construido un muro que limita la capacidad operativa del Polisario y ha reprimido con dureza las protestas e intifadas que han tenido lugar en El Aaiún y otras localidades. Además, la demografía juega a favor de Marruecos (37 millones de habitantes frente a unos cientos de miles de saharauis).

A pesar de aceptar el Plan de Paz, Marruecos siempre puso objeciones a la celebración del referéndum. A la actualización que realizó la MINURSO (Misión de Naciones Unidas por el Referéndum en el Sáhara Occidental) del censo español de 1974 (73.497 personas) a finales de los años noventa del siglo pasado, que dio un total de 86.386 personas que cumplían las condiciones para participar en el reférendum, Rabat opone unas 140.000 alegaciones de personas que reclaman también el derecho a votar. El problema no es técnico sino político: un referéndum con 86.386 votantes desembocaría en la independencia, con las alegaciones en la anexión.

El conflicto llevaba años adormecido, incluso después del 13 de noviembre de 2020 cuando el Frente Polisario volvió a declarar la guerra a Marruecos por la invasión de Guerguerat. Pero, en marzo de 2022, EEUU reitera su apoyo a las tesis marroquíes, también lo hace Alemania, y España rompe la neutralidad aceptando el plan de autonomía que, formalmente, no se aparta del Derecho Internacional ya que la resolución 1783 de 2007 del Consejo de Seguridad acoge con «beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución» basada en una autonomía que debería acordarse por las partes y votarse en referéndum. La decisión española va precedida de reuniones bilaterales de la subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman, con el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y con el de Marruecos, Nasser Bourita. Sin embargo, no se han explicado bien los motivos del cambio de actitud, ni se ha comunicado al Frente Polisario ni a otras partes interesadas como Argelia que el 8 de junio suspendía el Acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación suscrito con España el 8 de octubre de 2002, y las relaciones comerciales, aunque la presión de la UE obligaba a Argel a rectificar poco después.

En definitiva, un terremoto geopolítico en un momento en que la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas por la UE a Moscú hacen más necesario que nunca el gas argelino. Hay tres oleoductos que satisfacen esta demanda: el Pedro Durán Farell, que une Argelia con España y Portugal a través de Marruecos (se cerró el 1 de noviembre de 2021 por las tensiones entre Argelia y Marruecos); el Enrico Mattei, que une Argelia con Italia a través de Túnez, que transporta 22.000 millones de metros cúbicos al año; y el Medgaz, que une por mar Argelia y España y transporta 8.000 millones de metros cúbicos al año. El presidente Abdelmayid Tebún ha dejado claro que Argelia colaborará estrechamente con su amigo tradicional, Italia, su mayor comprador de gas. Y, aunque el suministro de gas a España parece garantizado, habrá que ver cuál es el precio del gas argelino tras el cambio de posición. Dos meses después de España, el 11 de mayo de 2022, los Países Bajos y Turquía mostraban su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Esperemos que la realpolitik no acabe con los legítimos derechos de los saharauis.

Chipre

Y un breve apunte final sobre Chipre. La isla ingresó en la UE en 2004 pero, desde 1974, está dividida entre la República Turca del Norte de Chipre (RTNC, 1983), reconocida solo por Ankara, y la República de Chipre. La legislación europea se aplica solo en la parte de la isla bajo el gobierno reconocido internacionalmente y está suspendida en la RTNC. Tras la disolución de la URSS, un sistema fiscal muy permisivo atrajo capitales rusos que se blanquearon en la construcción y el turismo, pero la crisis de 2008-2014 obligó a pedir créditos y a un rescate a cambio de permitir a Gazprom y a Noble Energy participar en la exploración de la plataforma marina de gas, lo que que irrita a sus vecinos, sobre todo a Turquía, que consideran que la explotación debería ser conjunta. Las actuales sanciones a Rusia están golpeando también al paraíso fiscal chipriota. A finales de la primera década este siglo, la ONU patrocinó negociaciones para reunificar la isla que se cancelaron en 2017 sin avances./