Desde el discurso de apertura e inauguración del mandato 2019-2024, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó claro su objetivo de conducir a la Unión Europea hacia una soberanía tecnológica. Si bien se argumenta que la creación de medidas en el ámbito digital fue debida a la pandemia de la COVID-19, la evidencia muestra que las “Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024” de julio de 2019 ya apuntaban tres tendencias que se aceleraron con la crisis sanitaria.

Primero, la creación de normas comunes, como ha sido el caso de los servicios y mercados digitales. Prometió que, durante sus primeros 100 días en el cargo, presentaría propuestas de legislación para un enfoque europeo coordinado sobre las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial.

La segunda orientación política se refería a una mayor coordinación entre las instituciones europeas y los Estados miembros, como es el caso del establecimiento de centros europeos de supercomputación de alto rendimiento o el desarrollo de una estrategia común de datos.

La tercera era el aumento de las inversiones en tecnologías estratégicas y críticas, como las tecnologías cuánticas, o la necesidad de desarrollar una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa, tal y como se ve en la carta de misión a Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

Mientras que el anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, había afirmado dirigir una “Comisión política” entre 2014 y 2019, su sucesora, Ursula von der Leyen, se comprometió a dirigir una “Comisión geopolítica”. La operacionalización de esta Comisión geopolítica en el ámbito digital ha tenido sus frutos en algunos ámbitos, si bien en otros todavía se requiere una eficiente estructuración de los procesos de toma de decisiones, una mejora en los mecanismos de coordinación y supervisión de la implementación de las actuaciones, y el lanzamiento de algunos temas que todavía no se han desarrollado suficientemente.

El próximo mandato 2024-2029 no va a requerir una reforma de la Unión Europea en el ámbito tecnológico. La oportunidad, y la necesidad, se dirigen a la consolidación y la madurez de las iniciativas ya lanzadas, así como la capacidad de diseño de nuevos temas que no han recibido suficiente atención por parte de la UE y sus Estados miembros, especialmente en un contexto donde la seguridad económica se ha adelantado a la noción de autonomía estratégica abierta y hay una nueva ventana de oportunidad en la política industrial como ejecutor de iniciativas de colaboración público-privada.

Regulación

El número de regulaciones en el ámbito digital ha sido elevado y extenso en 12 sectores: investigación y desarrollo, política industrial, conectividad, datos y privacidad, derechos de propiedad intelectual, ciberseguridad, ámbito policial, confianza y seguridad, comercio electrónico y protección del consumidor, derecho de la competencia, medios y finanzas.

La figura más destacada ha sido el Reglamento, que tiene el fin de garantizar una norma europea común bajo la misma interpretación, especialmente de servicios digitales (DSA), mercados digitales (DMA), inteligencia artificial (AI Act), identidad digital (eIDAS), semiconductores (Chips Act), datos (Data Act) y gobernanza de datos (Data Act).

Los temas que tendrán que mantenerse con el nuevo ciclo legislativo son críticos para la competitividad económica de las empresas, así como para la seguridad de las infraestructuras cruciales y los servicios esenciales que forman parte del Estado del Bienestar. La Comisión Europea anunció en febrero de 2024 un paquete de medidas sobre conectividad digital que pretende iniciar un debate sobre propuestas concretas con las partes interesadas, los Estados miembros y los socios afines sobre cómo configurar la futura actuación política de la UE con vistas a alcanzar un consenso.

«La Comisión podría estudiar medidas para acelerar el apagón del cobre de aquí a 2030 y promover la eficiencia ecológica de las redes»

En primer lugar, el Libro Blanco sobre las necesidades de la infraestructura digital en despliegue de redes de conectividad sienta los fundamentos para una futura propuesta de Reglamento de Redes Digitales (Digital Networks Act). Dada la fragmentación de la UE en 27 mercados nacionales de telecomunicaciones con diferentes arquitecturas y diferentes niveles de cobertura de red, diferente gestión nacional del espectro y diferentes normativas, el Libro Blanco identifica varios escenarios para contribuir a la creación de un mercado único de las telecomunicaciones.

Los tres pilares son el replanteamiento de las inversiones de dichas redes, la creación de un marco regulador conjunto y la garantía de que dispongan de mayor seguridad. Este asunto linda con los debates del último año en torno a una consulta de la Comisión Europea sobre el futuro del sector de la conectividad y la posibilidad de introducir un “mecanismo de contribución justa” o una “tasa de telecomunicaciones” para los proveedores de contenidos (OTTs) por el tráfico de datos que generan en el uso de las redes de las empresas de telecomunicaciones.

Este debate va a tener grandes implicaciones también desde el punto de vista económico y medioambiental. La propuesta actual tiene un enfoque armonizado de los procedimientos de autorización de los operadores de telecomunicaciones, una gobernanza más integrada a nivel de la Unión Europea para el espectro y posibles modificaciones en la política de acceso mayorista. La Comisión también podría estudiar medidas para acelerar el apagón del cobre de aquí a 2030 y promover la eficiencia ecológica de las redes.

La relevancia de este tema es fundamental, ya que se ha constatado un déficit de financiación de 174.000 millones de euros de aquí a 2030 que, para esa fecha, podría dejar sin banda ancha a 45 millones de personas en la UE, según la Asociación Europea de Operadores de Telecomunicaciones (ETNO).

No obstante, según las Big Tech –y Netflix–, en la última década han invertido colectivamente más de 880.000 millones de dólares en infraestructura, ahorrando, según sus cálculos, unos 6.000 millones de dólares al año a los operadores de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, cada vez será más necesario aumentar el volumen, la velocidad y la capacidad de las infraestructuras de telecomunicaciones para habilitar el flujo de contenidos por la Unión, habida cuenta del repunte demográfico, el nivel de uso de los dispositivos digitales y la intensificación de nuevas verticales como el 5G, el 6G, la realidad virtual, aumentada o mixta y las comunicaciones de nueva generación.

No solo cuestión económica

Sin embargo, no es solo una cuestión económica, tiene mucho que ver con la autonomía estratégica de la Unión. El futuro del sector de la conectividad en la UE

está en juego. La situación de las empresas de telecomunicaciones es particularmente sensible. Los mercados de la UE están fragmentados. La regla comunitaria de un mínimo de cuatro operadores de telecomunicaciones por Estado miembro se ha centrado principalmente en un enfoque estático de precios bajos, en lugar de un enfoque dinámico para fomentar las inversiones.

Por otro lado, la capitalización bursátil de las empresas de telecomunicaciones europeas es inferior a 0,3 billones de euros, mientras solo la de las seis grandes tecnológicas estadounidenses supera los 7 billones. Además, las empresas de telecomunicaciones son un sector estratégico y crítico fundamental para el mantenimiento, la seguridad y la resiliencia de servicios esenciales, tanto públicos como privados, y la compartición de datos sensibles, tanto personales como industriales y de servicios públicos.

«El futuro de la conectividad en la UE está en juego y no se trata solo de una cuestión económica, tiene que ver con su autonomía estratégica»

Si el replanteamiento de la gobernanza y financiación de las redes de conectividad de la Unión Europea ya genera enormes debates entre las partes afectadas, hay un segundo tema que ha recibido mucha menor atención y que, sin embargo, es de elevado interés por su impacto estratégico: los cables submarinos.

El 99% de los datos de Internet se transmiten a través de fibras ópticas submarinas, mientras que las comunicaciones por satélite proporcionan actualmente menos del 1% del tráfico de datos. Hay una concentración de empresas que gestionan estos cables submarinos, pocos de ellos europeos. En marzo de 2024, varios cables submarinos de comunicaciones en el Mar Rojo fueron cortados, afectando al 25% del tráfico de datos que fluye entre Asia y Europa. El cable submarino que conecta Suecia con Estonia sufrió un daño en 2023. Ambos países se encuentran en estado de máxima vigilancia ante posibles sabotajes de infraestructuras submarinas desde septiembre del mismo año, cuando el gasoducto submarino Nord Stream 2 quedó inutilizado por una serie de explosiones.

Debido a la securitización de los cables submarinos en un contexto creciente de conflictos, la Comisión Europea ha realizado también una Recomendación sobre la seguridad y resiliencia de las infraestructuras de cables submarinos, mediante una mejor coordinación a lo largo de la UE, tanto en términos de gobernanza como de financiación. Los objetivos son evaluar y mitigar posibles riesgos de seguridad, establecer una caja de herramientas y racionalizar los procedimientos de concesión de permisos.

Ahora bien, uno de los retos más importantes va a ser si esta Recomendación se traduce en una “caja de herramientas” (toolbox), y no en una reglamentación. Las “cajas de herramientas” no son vinculantes jurídicamente y dependen de la voluntad de aplicación, interpretación e implementación de cada Estado miembro.

Junto con la necesidad de avanzar los diálogos sobre estos dos temas, el mayor reto va a ser implementar la legislación que ya se entrado en vigor de una manera eficiente en las Administraciones Públicas nacionales, que necesitarán estar capacitadas a nivel de recursos humanos tanto en autoridades técnicas como regulatorias. Solo entre el reglamento eIDAS2, la segunda versión del reglamento de Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza, cuyo objetivo es promover interacciones digitales seguras en los Estados miembros de la UE, y del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, va a haber más de 60 actos de ejecución a nivel nacional.

A ello se une el cuestionamiento de si la regulación digital de los últimos años va a tener capacidad de influencia en la actitud o comportamiento de terceros países a la hora de regular su propia normativa. Dentro del llamado “efecto Bruselas”, será clave evaluar en los próximos años si realmente ha habido un grado de influencia en la codificación normativa de otros países. El Reglamento General de Protección de Datos de la legislatura anterior tuvo una capacidad de despliegue elevada. Las “decisiones de adecuación de datos” permiten a la UE y a un tercer país acordar si los datos personales pueden circular desde la UE (y Noruega, Liechtenstein e Islandia) hacia dicho tercer país sin que sea necesaria ninguna otra salvaguardia.

Hasta ahora, la Comisión Europea ha reconocido a 15 países, como son Andorra, Argentina, Canadá, Corea del Sur, las Islas Feroe, Guernesey, Israel, la Isla de Man, Japón, Jersey, Nueva Zelanda, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos (solo los participantes en el Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU) y Uruguay.

Si bien los Reglamentos de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DMA) pueden tener un mayor efecto en terceros países, lo cierto es que el Reglamento de Inteligencia Artificial va a representar mayores dificultades porque el despliegue de las obligaciones es progresivo y existen otros países donde se ha avanzado en esta materia de manera autónoma.

Política industrial

Ya en la carta de misión de la presidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager, vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, se indica que la UE necesita desarrollar una estrategia industrial de largo plazo.

La evolución ha sido de una política industrial en 2019 basada en las transiciones verde y digital y en el enfoque de autonomía estratégica abierta, a una en 2023 donde se cierra el mandato con una política industrial que incorpora un tercer pilar (una industria de defensa europea) y con un enfoque de seguridad económica.

«De 5.200 productos analizados, hay 137 de ecosistemas sensibles para los que la UE depende en gran medida de proveedores extranjeros»

En mayo de 2021, la Comisión Europea actualizó su Estrategia Industrial. Esta actualización no sustituye a la Estrategia Industrial 2020 ni completa los procesos iniciados por ella: gran parte de ese trabajo está en curso y requiere esfuerzos específicos. Se trata de una actualización específica, que se centra en lo que quedaba por hacer y en las lecciones por aprender. Es en ese momento cuando el foco empieza a centrarse en mayor medida aún en la resiliencia, seguridad y diversificación de las cadenas de suministro. También en la necesidad de garantizar asociaciones internacionales con terceros países para tener garantías de acceso a materias primas críticas. De un total de 5.200 productos analizados, hay 137 productos de ecosistemas sensibles para los que la UE depende en gran medida de proveedores extranjeros.

Estos productos representan el 6% del valor de todos los bienes importados en Europa. Si bien el porcentaje es bajo, lo cierto es que el riesgo es elevado, tanto por posibles disrupciones sobre la cadena de suministro y el bloqueo de su llegada, como porque es una materia prima crítica importante para sectores que se consideran estratégicos para la competitividad y el bienestar europeos. Es el caso de materias primas cruciales para baterías, principios activos farmacéuticos, hidrógeno, semiconductores, y tecnologías en la nube y de vanguardia. Más de la mitad de estas dependencias tienen su origen en China, seguida de Vietnam y Brasil. Treinta y cuatro productos son más vulnerables, con escaso potencial de diversificación y sustitución con la producción de la UE. Además, la Comisión propuso un Instrumento de Emergencia del Mercado Único con el fin de proveer soluciones para garantizar la disponibilidad de servicios en posibles crisis futuras.

Algunas de estas iniciativas se materializan en proyectos como los IPCEIs, los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo, cuyo primer caso fue en semiconductores y hay 10 a mayo de 2024. Sin embargo, uno de los retos es que solo un 20% de las empresas participantes son de tamaño pequeño y mediano. En un escenario de concentración de firmas tecnológicas, resulta esencial contar con mayores medidas de apoyo a las PyMES, así como en la fase de infraestructura, además de la de investigación y desarrollo, que es el foco de nueve de los 10 IPCEIs.

Un caso es la necesidad de canalizar la inversión privada hacia retos crecientes, como los cables submarinos. Se han propuesto crear Proyectos de Cables de Interés Europeo (CPEI), con un modelo similar a IPCEI. Sin embargo, resulta esencial que estas plataformas estén realmente integradas y aporten incentivos a las empresas europeas a participar. Este enfoque colaborativo se propone ya con la creación de infraestructuras que conecten el desarrollo que centros separados realizan sobre ciertas tecnologías y creen cadenas de valor integradas y cohesionadas mediante proyectos piloto, como se plantea con la Red 3C (Connected Collaborative Computing). Sin embargo, dependerá de la flexibilización de las reglas que sea exitoso.

Inversiones

Uno de los mayores retos de los últimos años es la diferencia en la capacidad fiscal entre los Estados miembros. Con el lanzamiento de algunas propuestas industriales, como el Reglamento Europeo de Chips al que le acompañaba, se abrió la posibilidad de activar ayudas estatales con tres principios. Primero, tener el llamado «efecto incentivador» y ser necesarias. Esto significa que la ayuda estatal sólo puede concederse para apoyar un proyecto que no tendría lugar en la Unión sin apoyo público. Segundo, ser apropiadas, es decir, que no exista otro instrumento posible que falsee menos la competencia. Tercero, ser proporcionadas y limitarse al mínimo necesario.

La experiencia de los últimos años ha demostrado que los países tienen distintas capacidades para fiscalizar las ayudas estatales. Alemania, Francia e Italia son los países más activos en este sentido. Otros países, sobre todo de Europa del Este, tienen menor capacidad fiscal para canalizar dichas ayudas. Si bien depende de la aprobación de la Comisión Europea, el caso de las ayudas para semiconductores son un ejemplo de las grandes diferencias entre Estados miembros de la Unión y de la necesidad de mutualización y fomento de un Mercado de Capitales, que todavía no avanza.

Es importante para garantizar la creación de un mercado único digital europeo verdaderamente integrado y es esencial para garantizar la autonomía europea. Por ejemplo, en tecnologías cuánticas la Unión Europea emplea 7.200 millones de dólares, si bien la dedicación financiera de cada Estado miembro varía. En cambio, China ha anunciado 15.300 millones de dólares.

La Comisión busca superar estos dos retos -el externo y el interno entre países miembros- mediante la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), que busca movilizar inversiones en los ámbitos de la tecnología digital y profunda, la tecnología limpia y verde, así como la biotecnología. A través de una combinación de incentivos financieros y medidas para facilitar la financiación de los proyectos, la plataforma busca movilizar fondos tanto en apoyo de las tecnologías críticas en el marco de los programas y fondos existentes de la UE, como en los fondos de la política de cohesión, InvestEU, Horizonte Europa, el Fondo Europeo de Defensa, el Fondo de Innovación y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta plataforma, propuesta en junio de 2023 como parte del paquete de medidas para la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027, inicialmente se planteó un total de 10,000 millones de euros, pero bajó a 1,500 millones de euros, lo que supuso una reducción de más del 85% de la expectativa inicial.

En el marco de STEP, los proyectos que contribuyan a los objetivos de la plataforma recibirán un sello de soberanía, que funcionará como una especie de certificación de calidad que les ayudará a acceder a la financiación de la UE y atraer otras inversiones. Sin embargo, el reto fundamental es realmente aportar incentivos a las empresas para unirse a estas iniciativas.

El informe Letta

Más allá de las ayudas públicas no puede perderse de vista la inversión privada y el fomento de incentivos para invertir en suelo europeo. El informe Letta indica que “la verdadera integración de los mercados en Europa no se hará realidad hasta que los ciudadanos y los responsables políticos europeos reconozcan que dicha integración no es meramente beneficiosa para la economía en sí, sino que es crucial para alcanzar objetivos generales que de otro modo serían inalcanzables, como la transición justa, ecológica y digital.”

El mismo Letta propone que, junto con las cuatro libertades fundamentales de libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, se añada una quinta libertad, consagrada en el Título XIX del TFUE, como una ampliación indispensable del marco establecido. Esta quinta libertad debería abarcar varios ámbitos, entre ellos la investigación, la innovación los datos, las competencias, el conocimiento y la educación. Es el caso de las tecnologías profundas, donde tanto la UE, la OTAN y países como España están invirtiendo para fomentar un ecosistema integrado. Pero se requiere mayor financiación.

«Más allá de ayudas públicas, no pueden perderse de vista la inversión privada y el fomento de incentivos para invertir en suelo europeo»

Si bien las infraestructuras de investigación son fundamentales, se necesita invertir más y mejor en infraestructuras físicas para la manufactura de tecnologías. Un ejemplo de inspiración es el Reglamento de Industria Neta Zero (NZIA), que busca que la capacidad estratégica global de fabricación de tecnologías con balance cero de la Unión se aproxime o alcance al menos el 40% de las necesidades anuales de despliegue de aquí a 2030. Para ello es preciso que, en los procedimientos competitivos para construir infraestructura, se incorporen criterios estrictos de resiliencia y sostenibilidad.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) dedicó en 2022 un total de 9.906 millones de euros, 18,3% de sus recursos propios, a financiar proyectos de Investigación, Innovación y Digitalización en Europa. Sin embargo, existe la oportunidad de incrementar su dedicación en cuanto a financiación, un refuerzo institucional de la relevancia de la digitalización en las estructuras de dirección en el Banco, e incrementar los recursos humanos expertos.

Esta tarea sería fundamental para garantizar que la aspiración de la Unión Europea de tener un enfoque de seguridad económica sea factible y tenga el impacto esperado. En las 3Ps (Protect, Promote, Partner), la digitalización tiene una centralidad clara.

En materia de proteger, sería recomendable que la Unión Europea siguiera las recomendaciones del informe Resilient EU2030 de la Presidencia española del Consejo de la UE, donde se estructuran tres escenarios: aquellas tecnologías donde se tiene una ventaja competitiva; aquellas donde se tiene el potencial de estar a la vanguardia, y aquellas donde no será posible liderar, pero donde se necesita una capacidad mínima crítica en caso de disrupciones en la cadena de suministros o de shocks externos.

En materia de promover, sería fundamental garantizar una mayor interlocución entre actores de distintas regiones, como es el caso del modelo de colaboración de la Quad Investors Network entre Australia, Estados Unidos, India y Japón, o la Aceleradora Digital UE-América Latina y el Caribe. No solamente en el sector privado. Promover la seguridad de la investigación es clave cuando los centros de investigación o las universidades europeas cooperan con sus semejantes de otras regiones, para que se fomente la investigación conjunta y se eviten posibles fugas de información de asuntos sensibles o de propiedad intelectual.

Además del plano interregional, es clave que exista esta promoción entre los Estados miembros de la Unión Europea, ya que es urgente que los 27 envíen su mapeo de tecnologías críticas a nivel nacional para garantizar una coherencia de la visión comunitaria a primer nivel.

Diplomacia tecnológica

Uno de los mayores retos de los últimos años es la diferencia en la capacidad fiscal entre los Estados miembros.

En materia de asociaciones internacionales (partner), la tecnología se ha convertido en un activo de política exterior y un tema de discusión relevante en los foros multilaterales y “minilaterales”. En julio de 2022, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) obtuvo la aprobación necesaria del Consejo de la UE para agrupar todos los acuerdos de cooperación tecnológica internacionales de la UE con terceros países bajo un plan de trabajo formal, coordinado, sostenido y cohesionado, así como una serie de iniciativas operativas. La tarea se llevaría a cabo con un alto nivel de coordinación, bajo un mismo paraguas, y de una forma mucho más orientada a los instrumentos de política exterior europea, mediante el establecimiento de una red de Delegaciones de la UE en ciertos países estratégicos que harían de la política tecnológica una prioridad en sus negociaciones y actividades.

«Uno de los mayores retos de los últimos años es la diferencia en la capacidad fiscal entre los Estados miembros»

Existen tres modelos: Consejos de Comercio y Tecnología (con Estados Unidos y con India), Acuerdos de Cooperación Digital (con Corea del Sur, Japón y Singapur) y Alianzas Digitales (con América Latina). También hay Paquetes de Economía Digital con países específicos, como es el caso de Nigeria.

El reto fundamental para el próximo mandato es su fase inicial: garantizar que las relaciones diplomáticas se mantienen, y con un foco importante en la tecnología como elemento de cooperación, más allá de los resultados de las elecciones europeas y la configuración de la Comisión, o los resultados electorales en otros países. El año 2024 es el más electoral de la Historia.

Otro reto creciente es la política de ampliación de la Unión Europea. Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania son países candidatos, que tienen realidades enormemente distintas en su grado de madurez tecnológica. Es fundamental que se realice una reestructuración de los Fondos de Cohesión para garantizar tanto que se mantenga la financiación para los miembros de la UE que actualmente son receptores, como que se prevean presupuestos para los países candidatos, una vez entren y se evalúe la necesidad de percibir los fondos.

Asimismo, en el ámbito internacional, un tercer aspecto a tener en cuenta es el creciente foco en crear Digital Trade Agreements (DTAs) que complementen a los existentes Free Trade Agreements (FTAs). Aunque está por definir, este tema cada vez es más importante en las conversaciones con países como Corea del Sur y requerirá una capacitación del funcionariado y de las empresas privadas para hacer frente a nuevos requerimientos.

Nueva agenda estratégica

Junto con todos los retos, oportunidades y recomendaciones ya señaladas en cada apartado para los próximos años, es fundamental orientar la nueva Agenda Estratégica 2024-2029 en el ámbito tecnológico hacia varias direcciones.

Primero, una eficiente estructuración de los procesos de toma de decisiones y una mayor interlocución con el sector privado, sociedad civil y comunidades técnicas. Existe una oportunidad de que el Banco Europeo de Inversiones incremente su dedicación en cuanto a financiación, un refuerzo institucional de la relevancia de la digitalización en las estructuras de dirección en el Banco, e incrementar los recursos humanos expertos. Por otro lado, se necesita una mayor financiación de estructuras como la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

Segundo, una mejora en los mecanismos de coordinación y supervisión de la implementación de las actuaciones. El paso del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), que mostraba un ranking de países europeos por su madurez en los cuatro ejes cardinales de la digitalización –personas, administración pública, empresas e infraestructura–, hacia un informe cualitativo en la Década Digital, limita el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, en un contexto donde es improbable que se alcancen, por ejemplo, buena parte de las cotas definidas para 2030. Por otro lado, sería importante establecer un diálogo continuado sobre las necesidades que la política de ampliación y la posible entrada de nuevos países candidatos tendrá en la gobernanza y en la financiación de programas y fondos europeos en materia tecnológica.

Tercero, es necesario fomentar el lanzamiento de temas estratégicos que todavía no se han desarrollado suficientemente, como el cableado submarino. No solamente se necesita iniciar un diálogo, sino que los resultados esperados desde el principio vayan más allá de Cajas de Herramientas que conduzcan de nuevo a una fragmentación de visiones entre los Estados miembros, ya que las toolboxes carecen de obligatoriedad jurídica y permiten grados variables de interpretación en cada Estado miembro. Asimismo, sería conveniente para evitar vacíos jurídicos y garantizar una coordinación entre los países socios de interés, el establecimiento de un diálogo con personas expertas sobre la definición de los Digital Trade Agreements que acompañarán a los Acuerdos de Libre Comercio.

Además de estas medidas, resulta fundamental que exista una interlocución continuada y de confianza con terceros países para garantizar la supervivencia de las iniciativas más allá de los resultados electorales, para mantener el enfoque de de-risking y no conducir a tendencias de desacoplamiento.

Asimismo, es clave la capacitación de las Administraciones Públicas nacionales para absorber la implementación regulatoria del mandato 2019-2024. El Consejo de la Unión Europea, en sus últimas Conclusiones del 21 de mayo de 2024, habla sobre “el futuro de la política digital de la UE”, y apunta que es necesario evaluar exhaustivamente las repercusiones de cualquier iniciativa legislativa nueva, para garantizar que exista un “equilibrio entre la innovación y la carga normativa”, evitando el riesgo de obstaculizar un mercado único digital europeo ágil y favorable a la innovación, sin perder de vista los riesgos de los avances tecnológicos.

Por otro lado, como marca el informe Letta, es clave ampliar las libertades hacia un nuevo quinto pilar basado en los datos. Sin embargo, se necesita ir más allá de la investigación y fomentar la creación de infraestructuras físicas tecnológicas, que apoyen a su vez áreas en la frontera tecnológica tan importantes como la tecnología profunda.

El próximo mandato 2024-2029 no va a requerir una reforma de la Unión Europea en el ámbito tecnológico. La oportunidad, y la necesidad, son las de una consolidación y madurez de las iniciativas ya lanzadas, así como la capacidad de diseño de nuevos temas que no han recibido suficiente atención por parte de la UE y sus Estados miembros.