El interés por la defensa disminuye, pero no los riesgos para la seguridad. El Consejo Europeo aborda en diciembre las medidas necesarias para dotar a la UE de las capacidades que le permitan asumir una mayor responsabilidad en el campo de la defensa.

Desde el Tratado de Lisboa, la Unión Europea es una alianza defensiva, aunque no se haya hecho muy explícito. El Tratado de la UE (TUE) refundido dice en su artículo 42.7 que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados deberán proporcionarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. A pesar de todas las salvedades que le acompañan, referidas a los Estados miembros que lo son también de la OTAN o a los considerados neutrales, esta es la formulación de la clásica cláusula de defensa mutua que obliga a las partes, por más que no se hayan tomado –como ocurrió con la Unión Europea Occidental– las medidas de desarrollo que permitirían hacer efectiva dicha obligación.

Por su parte, los ciudadanos europeos apoyan mayoritariamente la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la Unión, en mayor porcentaje que cualquier otra política común. Preguntados en el Eurobarómetro 79, publicado en julio, el 74 por cien estaba a favor frente a un 19 en contra. Esta opinión favorable era abrumadoramente mayoritaria en los 28 Estados miembros.

Sin embargo, una de las graves consecuencias de la crisis económica que ha golpeado Europa durante los últimos cinco años ha sido la falta de atención, política y ciudadana, hacia el ámbito de la seguridad y defensa…