La presencia española y el grado de participación eficaz en los programas de tecnología internacionales es claramente insuficiente. Si observamos la cuota que le supone a España la pertenencia a la Agencia Europea del Espacio (ESA), el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), la Comunidad Económica Europea (CEE), junto con la participación –contratos ejecutados desde España– en los proyectos tecnológicos de esas organizaciones a lo largo de los últimos seis años, comprobaremos que no se cumple uno de los paradigmas básicos de la polí- tica de coste/beneficio en la pertenencia a estas organizaciones. Es decir, que el retorno obtenido sea equiparable a la proporción del coste. Así, si, por ejemplo, un determinado país contribuye con el 10 por 100 a la financiación de una organización, será un modelo equilibrado el obtener un 10 por 100; en términos económicos, de los contratos celebrados por la organización.

La posición española –aunque todavía es pronto para disponer de datos empíricos en el caso de la EEC– evidencia una tendencia crónica a comportarse como financiadora de la actividad tecnológica de sus socios de otros países en las organizaciones a que pertenece.

Si consideramos a la consultoría como una actividad tecnológica –en la medida en que más que una transferencia de tecnología representa una imposición tecnológica porque condicionaría posteriores contratos de equipamiento– el fenómeno anterior es extrapolable, por ejemplo, al Banco Mundial, donde España resulta adjudicataria de concursos en una proporción cinco veces inferior a su proporción en la cuota de financiación de la entidad, en claro beneficio de países como Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, etcétera.

Un claro exponente de ello es el caso de la Agencia Europea del Espacio, donde prácticamente todo el dinero aportado por los países socios se aplica a proyectos de tecnología avanzada a los que licitan individual y consorciadamente…