El destino de la CPI depende de la comunidad internacional. Convertirla en una activa defensora de la justicia o en una institución muerta está en manos de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma y, también, de aquellos como EE UU que no aceptan su legitimidad.

En la búsqueda de la justicia, la Corte Penal Internacional (CPI) sigue siendo una institución con enormes posibilidades. A pesar de haber cumplido siete años de funcionamiento, recibir su 109ª ratificación y haber juzgado numerosos casos en cuatro situaciones diferentes, siguen existiendo dudas en cuanto a la capacidad de la CPI para llevar a cabo su cometido. Se trata de preguntas relacionadas con el efecto que la CPI podría tener sobre la soberanía nacional, su función en los procesos legales nacionales, la posible politización de la institución, su relación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la inclusión del crimen de agresión en sus futuras investigaciones y la tensión histórica entre Estados Unidos y la CPI.

Empecemos por una exposición del principal objetivo de la corte. La CPI se esfuerza por ser un instrumento de justicia internacional que, en última instancia, pueda poner fin a la impunidad de las violaciones del derecho humanitario: el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. En otras palabras, la CPI trata de conseguir cierta justicia internacional en un mundo que, de otro modo, sería anárquico. Uno de los problemas con los que suele tropezar este sencillo objetivo es el de los medios con los que alcanzar dicho fin. El aparente conflicto se centra en los distintos actores internacionales y sus ideas sobre cómo debería funcionar. Sin embargo, es importante señalar que el objetivo no varía según sean los actores internacionales, nacionales u otros, y ni siquiera en función de que estos…