La derrota del PRI en las elecciones mexicanas del 2 de julio no es un hecho aislado. Setenta años de gobierno terminaron como consecuencia de la libre voluntad de los electores, pero también de la decisión de un líder –Ernesto Zedillo– que percibió la inutilidad del autoritarismo. México, como otros procesos de transición, confirma que en el impulso de la reforma es determinante el papel del poder. Pero queda también claro que esa dinámica no se pone sólo en marcha por unos ideales políticos, sino por el imperativo de la supervivencia. La globalización actúa en contra del aislamiento y de las dictaduras –incluso de las perfectas.

La interdependencia económica obliga a la elaboración de normas multilaterales, de las que son un buen ejemplo los principios de la Organización Mundial de Comercio. Los Estados aceptan cierta cesión de su soberanía a cambio de los beneficios derivados de su participación en la economía mundial. La progresiva consolidación de esas reglas ha coincidido, además, con una expansión de la democracia y un creciente consenso acerca de la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Con la explosión de los medios y de Internet y el crecimiento de las ONG ha aumentado la vigilancia de las autoridades públicas, a las que se les demanda una mayor transparencia. Quienes no cumplan las normas internacionales y los modos de comportamiento exigidos por ese mundo global serán objeto de presiones políticas o sancionados por los mercados de capitales. Pero, además, esa capacidad crítica se ha trasladado a la propia opinión pública nacional. La transparencia internacional que requiere la economía global se traduce asimismo en una presión ciudadana a favor de la transparencia interna.

La pertenencia de México al Tratado de Libre Comercio con EE UU y Canadá y a la OCDE insertó al país en…