En el marco de una conferencia internacional sobre inversiones celebrada el 15 de marzo de 2015 en Sharm el Sheij, el presidente Abdelfatah al Sisi pronunció un discurso en el que afirmó que Egipto necesitaba entre 200.000 y 300.000 millones de dólares para “desarrollarse”. En aquel entonces, la cifra parecía desorbitada, teniendo en cuenta que el país registró un PIB de 329.000 millones de dólares a finales de ese año. Avancemos rápidamente hasta diciembre de 2022, cuando Al Sisi realizó otra declaración en la que reveló que, en los últimos siete años, el régimen había gastado 400.000 millones de dólares en proyectos de infraestructuras para escapar de lo que denominaba “la trampa de la pobreza”. De hecho, según admitió el presidente, el régimen fue capaz de obtener los recursos necesarios para reactivar la economía.

Sin embargo, el balance final revela una historia diferente. Egipto atraviesa una de las peores crisis de deuda de su historia moderna, con consecuencias devastadoras para la mayoría de su población. Un simple vistazo a algunas de las cifras revela la gravedad del problema. Por ejemplo, la inflación se situó en un máximo histórico del 39,7% en agosto, con una inflación de los alimentos y las bebidas que alcanza un impresionante 79,1% y afecta desproporcionadamente a los pobres y a la clase media. Esta inflación sin precedentes también va acompañada de una deuda disparada, que se situó en el 95,6% del PIB en el ejercicio fiscal 2022/2023, un 13,1% más que el año anterior. El aumento de la deuda se ve agravado por las grandes necesidades de financiación exterior, estimadas en 19.000 millones de dólares y 22.500 millones para los ejercicios 2023 y 2024, respectivamente. Estas cifras no incluyen las obligaciones de cerca de 8.000 millones de dólares y 6.000 millones por depósitos que el país debe a Estados amigos y que espera poder refinanciar. Esto ha provocado una escasez de divisas fuertes que, a su vez, ha causado escasez de suministros, interrupciones de la producción por falta de materiales y la acumulación de mercancías en los puertos, paralizando el sector privado. De hecho, Egipto es ahora el segundo país con mayor riesgo de suspensión de pagos, solo superado por Ucrania.

Este claro fracaso de la política económica se deriva principalmente del modelo de desarrollo económico del régimen, cuyas raíces se hallan en la naturaleza del sistema y en la estructura de la coalición que gobierna el país. En efecto, tras el golpe de Estado de 2013, el régimen militar se embarcó en un proceso de consolidación del poder, que supuso una alteración radical de la naturaleza del capitalismo en el país y dio lugar a una forma militarizada de capitalismo estatal. Este modelo de crecimiento económico dependía de la entrada masiva de ayuda y deuda que el régimen utilizaba para financiar grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructuras, con dudosos beneficios económicos. Los proyectos fueron gestionados o ejecutados por el estamento militar, lo que le permitió magnificar su huella en la economía, completamente al margen del control civil, al tiempo que quedaba exento de impuestos. En otras palabras, los militares utilizaron deuda y fondos públicos para financiar su imperio económico en expansión, en detrimento del rendimiento general de la economía. Los ejemplos de estos proyectos son demasiado numerosos para detallarlos, pero el más notable con diferencia es la Nueva Capital Administrativa, el más caro de los elefantes blancos del régimen. Esta nueva capital, situada al este de El Cairo, tiene un presupuesto estimado de 58.000 millones de dólares para su primera fase, y un presupuesto global de 300.000 millones. La estrategia inicial de inversión consistía en atraer dinero extranjero para su desarrollo, pero el régimen no consiguió inversiones ni de Emiratos Árabes Unidos ni de China, por lo que tuvo que recurrir a los recursos nacionales. Aunque las autoridades afirman que el coste del proyecto no corre a cargo del presupuesto estatal, y de hecho no figura en dicho presupuesto, hay numerosas pruebas de que se financia mediante deuda y apropiación de fondos públicos, sin ninguna supervisión civil. El plan está siendo ejecutado por la empresa Administrative Capital For Urban Development (ACUD), controlada en un 51% por el Ministerio de Defensa.

«Después de 2013, el régimen militar se embarcó en un proceso de consolidación del poder, que supuso una alteración radical de la naturaleza del capitalismo y dio lugar a una forma militarizada de capitalismo estatal»

Este no es más que un ejemplo de una tendencia sostenida de crecimiento alimentado por la deuda que ha sumido al país en su crisis actual. Sin embargo, el origen de esta política se encuentra en la configuración de la coalición gobernante, la naturaleza del sistema político y la hegemonía que ejercen los militares en el Estado. De hecho, sin la militarización total del sistema político y la dominación del Estado, este modelo de crecimiento económico habría sido extremadamente difícil de llevar a la práctica. Y aunque ha permitido a los militares acumular un poder económico y político sin precedentes, también ha establecido un régimen dentro de una coalición gobernante extremadamente restringida y muy resistente a las reformas, lo cual merma drásticamente su capacidad para sortear la crisis actual. De ahí que, a pesar de haber sumido al régimen en una crisis y de poner de manifiesto la necesidad de una rápida desmilitarización, el modelo económico ha resultado ser más duradero y resistente al cambio de lo que cabría esperar.

Una nueva forma de gobierno militar

El golpe de Estado de 2013 no solo desató una oleada de represión, sino que también dio lugar a una reconfiguración de la coalición gobernante para inclinar fuertemente el equilibrio de poder a favor del estamento militar. De hecho, el régimen utilizó el apoyo popular masivo del que gozaban los militares al inicio del golpe para alterar drásticamente el sistema político y eliminar por completo todos los centros de poder civil rivales, incluso aquellos que apoyaron la toma de poder inicial por parte del ejército. Esto queda de manifiesto al examinar el sistema político posterior al golpe, cuya característica más llamativa es la ausencia de un partido civil en el poder. En efecto, a diferencia del régimen de Hosni Mubarak, en el que el Partido Democrático Nacional (PDN) desempeñaba el papel de partido de masas, el régimen de Al Sisi se ha alejado de esta fórmula, optando en su lugar por depender de las fuerzas de seguridad como principal base de apoyo. Por ejemplo, aunque el Parlamento está dominado por un partido civil partidario del régimen, Mostaqbal Watan, que fue creado por las propias fuerzas de seguridad, no hay pruebas de que este partido desempeñe ningún papel en la formulación de políticas, ni que ocupe ningún cargo gubernamental significativo, ni a nivel ministerial ni a nivel de gobernadores. De hecho, en el gobierno actual solo hay un ministro que fuera elegido diputado como miembro de Mostaqbal Watan: Ahmed Samir Saleh, que ocupa la cartera de Comercio e Industria. El resto del gabinete está compuesto por tecnócratas, generales del ejército y diplomáticos de carrera. La ausencia de un partido civil en el poder tiene importantes consecuencias para la capacidad del régimen de enmendar y controlar a los militares. En resumen: la fuerte dependencia de Al Sisi de los militares como su principal base de apoyo, y la falta de una base de poder civil que pueda utilizar para neutralizar a los militares, coloca al presidente en una posición vulnerable y limita su capacidad para iniciar las reformas económicas necesarias. Estas reformas implicarían, por definición, un debilitamiento no solo del poder económico de los militares, sino también de su poder político, ya que ambos están estrechamente relacionados.

«La dependencia de Al Sisi de los militares como su principal apoyo, y la falta de una base de poder civil que pueda utilizar para neutralizar al ejército, le coloca en una posición vulnerable y limita su capacidad para iniciar las reformas económicas necesarias»

Un sistema clientelista 

Esta situación se ve agravada por lo que Yezid Sayigh ha denominado “la República de los Oficiales”, una estrategia a prueba de intentonas golpistas anterior a Al Sisi. Esta estrategia consistía en adjudicar a mandos militares retirados puestos de responsabilidad en la economía, las empresas del sector público y las administraciones locales, como una especie de prima de fidelidad que les da la posibilidad de complementar su pensión militar con ingresos adicionales procedentes de cargos civiles. Esto permite al ejército afianzar firmemente a sus leales en el aparato del Estado, lo que hace que cualquier intento de limitar su poder resulte muy difícil para cualquier presidente en ejercicio, especialmente si carece de una base de poder civil capaz de contrarrestar la influencia militar.

Hay múltiples ejemplos del dominio de las instituciones públicas por parte del ejército, pero el más ilustrativo es la Autoridad del Canal de Suez, que constituye una importante fuente de divisas para el Estado, con unos ingresos de 9.400 millones de dólares en el último ejercicio. La Autoridad puede clasificarse como un feudo militar ya que su jefe ha procedido de las filas del ejército de forma ininterrumpida desde 1964. El poder de los militares se manifiesta en su capacidad para cobrar comisiones bajo cuerda a los buques en tránsito. La tendencia al dominio militar se vio consolidada el 19 de diciembre de 2022 con la enmienda a la

Ley 30 promulgada en 1975, que permite a la Autoridad crear un fondo en el que invertir los ingresos excedentarios. El fondo está gestionado por un consejo de administración nombrado por el consejo de ministros y presidido por el jefe de la Autoridad del Canal, un mando militar. El problema con este fondo no es solo que priva al Estado de divisas muy necesarias, sino además que no está sometido a ningún tipo de supervisión parlamentaria. Por el contrario, como anunciaba Al Sisi, el fondo está bajo el control de una “Entidad Soberana”, un eufemismo para los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. Una clara señal de la falta de voluntad política para reformar el actual sistema clientelar que impregna el Estado.

Creciente militarización de la economía

Por último, está la debilidad constitucional de la presidencia en relación con el ejército. Aunque la Constitución egipcia y varias leyes dotan a la jefatura del Estado de amplios poderes (también sobre el poder judicial), las enmiendas constitucionales aprobadas en 2019 ampliaron enormemente el poder de los militares, al tiempo que limitaron el poder de la presidencia sobre ellos. Por ejemplo, la enmienda al artículo 200 de la Constitución añadió a los deberes de los militares “la protección de la Constitución, de la democracia, del Estado y su naturaleza laica, y de las libertades personales”. Este artículo proporciona un pretexto legal para la intervención militar en la política y para llevar a cabo posibles golpes de Estado en el futuro. El mecanismo para determinar cuándo se ha violado lo articulado no se menciona en la Constitución, por lo que deja en manos de los mandos castrenses la decisión de cuándo pueden intervenir y de qué manera. A todos los efectos, esto constituye una invitación para que los militares den un golpe legal cuando sus intereses se vean amenazados. Por su parte, la enmienda al artículo 234 estipula que el ministro de Defensa solo puede ser nombrado tras obtener el visto bueno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto recorta, de hecho, el poder de la presidencia y permite a los militares salvaguardar sus intereses al tener derecho de veto sobre el cargo. Sin embargo, esto no significa que esté a punto de producirse un enfrentamiento entre Al Sisi y el estamento militar, sino que existen limitaciones legales a la capacidad del presidente para actuar en contra de los intereses económicos del ejército y que este sigue siendo la fuerza política más poderosa del país.

Incluso después de que la crisis económica y la clara necesidad de desmilitarizar el Estado y la economía se hicieran evidentes, la tendencia hacia una mayor militarización se ha intensificado. Por ejemplo, a finales de abril de este año, el Consejo de Ministros promulgó un decreto por el que se exigía un curso de formación de seis meses en la academia militar como requisito previo para poder ser nombrado para un cargo en el gobierno. Esta formación hace las veces de curso de adoctrinamiento ideológico para los funcionarios y es una forma de apartar a los no leales de los puestos gubernamentales. Por ejemplo, el ministro de Transporte y general retirado, Kamel el Wazzir, anunció en mayo que los aspirantes a ocupar puestos en el Ministerio deben pasar evaluaciones médicas y psicológicas en la academia militar tras superar el curso de formación de seis meses. Otro ejemplo lo tenemos en el poder judicial, que en julio de 2022 presenció el nombramiento del general Salah al Ruwainy, jefe de la judicatura militar, como magistrado adjunto del Tribunal Constitucional Supremo, la primera vez que el poder castrense se extiende al más alto tribunal del país. Por último, está la consolidación de la posición privilegiada de los militares en la economía, que quedó patente en julio de 2023, cuando el Consejo de Ministros promulgó una ley para equiparar los sectores público y privado en lo que se refiere a exenciones fiscales.

«Las perspectivas de reforma son remotas, como queda plasmado en la respuesta del régimen a la crisis, que gira en torno a tres pilares: la devaluación de la libra egipcia, el aumento de los tipos de interés y la privatización de los activos estatales»

Esta medida puso fin al trato preferente al sector público, en un intento de cumplir una de las condiciones del préstamo de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), acordado en diciembre de 2022. La ley eliminaba la exención fiscal para las actividades de inversión del sector público, con la excepción de las actividades relacionadas con el ejército, así como las actividades económicas relacionadas con la protección de la seguridad nacional, el Estado y la provisión de infraestructuras básicas. Esta laguna permite que las actividades económicas militares sigan estando exentas de impuestos, a pesar del agravamiento de la crisis y de la necesidad de aumentar la recaudación pública para hacer frente a la creciente carga de deuda. Esto coincide con la continuación de una política de apropiación de recursos públicos en beneficio de los militares. Por ejemplo, en enero de 2023, Al Sisi asignó tierras desérticas con una profundidad de dos kilómetros a ambos lados de 31 nuevas carreteras para el desarrollo urbano, ampliando una vez más la influencia económica de los militares, que no tiene visos de disminuir.

Quedarse sin vías

Por tanto, la crisis de la deuda no se debe únicamente a la debilidad y el carácter periférico de la economía egipcia, sino que tiene su origen en la posición hegemónica que ocupan los militares en el panorama político egipcio y en su control del sistema político y del Estado. Esto hace que las perspectivas de reforma sean remotas, como queda plasmado en la respuesta del régimen a la crisis, que gira en torno a tres pilares: la devaluación de la libra egipcia, el aumento de los tipos de interés y la privatización de los activos estatales. Esta política está diseñada para fomentar la entrada de capitales manteniendo intacto el modelo de capitalismo de Estado militarizado. Por ejemplo, entre marzo de 2022 y enero de 2023, la libra egipcia se devaluó en tres ocasiones, perdiendo casi la mitad de su valor frente al dólar. Los tipos de interés del Banco Central se elevaron al 20,25% para los préstamos y al 19,25% para los depósitos a partir de agosto de 2023, mientras que los tipos de interés de las Letras del Tesoro egipcias alcanzaron un nuevo récord de más del 25%, añadiendo más presión sobre el presupuesto. Por otra parte, aunque el primer ministro, Mustafa Kamal Madbuli, anunció la venta de participaciones en 32 empresas estatales hasta marzo de 2024 (incluidas dos empresas de propiedad militar), los avances han sido lentos. Por ejemplo, en julio el gobierno anunció la finalización de la venta de participaciones, en su mayoría minoritarias, en empresas estatales y otras joint venture por valor de 1.900 millones de dólares, de las que el Estado recibió 1.650 millones en divisas fuertes y el resto en moneda local. Esta cifra dista mucho del objetivo de venta de 32 empresas estatales anunciado en febrero, y de los 10.000 millones de dólares anuales en privatizaciones para los próximos cuatro años que Al Sisi anunció en abril de 2022. No hay indicios de que se vayan a privatizar las empresas de propiedad militar que cotizan en bolsa, ni de que se estén aplicando las reformas de la gobernanza, relacionadas con la transparencia de los informes financieros, que el FMI ha solicitado. Estas medidas no han logrado aliviar la crisis, agravada por una inflación galopante impulsada en parte por el debilitamiento de la moneda, un sector privado en apuros que lidia con la escasez y la debilidad de la demanda, y la progresiva presión sobre el presupuesto: está previsto que el reembolso de préstamos e intereses consuma el 54% del gasto estatal este año fiscal. Cabe señalar que el régimen tiene intención de pedir prestado el 49% del gasto previsto para este año fiscal, lo que demuestra que la fiebre de préstamos no tiene visos de llegar a su fin.

En definitiva, el éxito del régimen a la hora de eliminar todos los centros de poder civil rivales y gobernar Egipto a través de una coalición ha hecho que la perspectiva de una reforma liderada por las élites sea aún más remota. De hecho, hasta se podría argumentar que, en lugar de detener el proceso de militarización, la crisis probablemente lo intensificará, haciendo que el modelo de capitalismo de Estado militarizado se vuelva más vicioso y depredador. Al agotarse la deuda como fuente de financiación, es probable que otras fuentes de fondos públicos actúen como sustitutos, lo que solo contribuirá a agravar la crisis, ya que la carga de deuda seguirá esquilmando la riqueza del país y hundirá todavía más en la miseria a la mayoría de los egipcios.