Pese a la adopción de prácticas democráticas para evitar la oxidación del PCCh y la corrupción en la gestión pública, no hay un horizonte de democracia en China. Los riesgos percibidos sobre la estabilidad y la unidad del país se consideran aún demasiado grandes.

Mal haríamos en descalificar de buenas a primeras el creciente empeño manifestado por las autoridades chinas en evolucionar hacia un régimen más democrático, como también en exagerar sus pretensiones deduciendo a la ligera que en su horizonte se contempla el logro –paso a paso y siguiendo el mismo gradualismo aplicado en el orden económico– de la homologación institucional con los sistemas políticos occidentales, dando por sentado que ni otra posibilidad existe ni otra evolución es posible. Por el momento al menos, aunque hablar de democracia esté de moda en China, no parece ser el caso. Es justo reconocer que no existe una posición dogmática de absoluto rechazo a largo plazo, y a cada paso surgen testimonios y evidencias, tanto en el mundo académico como político, que dan cuenta de la trascendencia del debate y de la ausencia de unanimidad, lo que impondrá severas cautelas en el proceso para no afectar a la sacrosanta unidad interna. La reforma en Pekín sigue abierta.
A día de hoy, la preocupación china por insuflar democracia en el régimen parte de la constatación de la importancia de evitar la oxidación de su vida política, explorar sus posibilidades como instrumento para erradicar las prácticas que más nublan la solidez sistémica (hoy afianzada por el éxito económico pero deudora de una opacidad que la hace siempre imprevisible), acompañar el ritmo de las transformaciones sociales y sus impactos en la relación del individuo y la colectividad con el aparato político, establecer un mecanismo de adaptación similar al que ha funcionado en lo económico, suavizando…