Según Eurostat, Reino Unido no es el país con la mayor población europea en términos absolutos, sino Alemania. Por otra parte, si se toma como medida el porcentaje de ciudadanos europeos respecto de la población total, con el 4,1 por cien, este se sitúa en el séptimo puesto.

El primer ministro británico, David Cameron, ha planteado una serie de exigencias en la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea, que le permita asegurarse un nuevo acuerdo en la relación de su país con la UE, antes de llevar a cabo el referéndum sobre la continuidad de su membresía, anunciado para el 23 de junio de 2016. Las principales demandas: respeto a los intereses de los países que no son miembros de la eurozona; menor regulación a las empresas; más poder para los parlamentos nacionales con la consecuente renuncia a una mayor integración política y; por último, limitación de beneficios a trabajadores y ciudadanos europeos. Esta última petición se presentó en un primer momento como el principal escollo, dado que atenta de manera directa al principio fundamental sobre el cual se asienta el proyecto europeo: la no discriminación por motivos de nacionalidad. Este contexto lleva a tres reflexiones iniciales, vitales para entender el presente y el futuro de la libre circulación de ciudadanos europeos y su relación con Reino Unido.

En primer lugar, cabe preguntarse si nos encontramos ante una discusión meramente económica. Desde esta perspectiva, Reino Unido podría argumentar legítimamente la necesidad de limitar ciertos beneficios si se demostrara que los ciudadanos europeos son una carga para el Estado del bienestar. Sin embargo, todos los estudios realizados hasta la fecha muestran cómo la llegada de ciudadanos europeos ha supuesto un beneficio económico para el país, y cómo los mismos generan más en impuestos de lo que reciben en servicios…