Ha llovido mucho desde que la División de Población de Naciones Unidas publicara en 2001 el informe “Migraciones de reemplazo: ¿una solución ante la disminución y el envejecimiento de las poblaciones?”. El contexto demográfico en el que podría retomarse el debate que planteaba aquel informe ha cambiado poco, pues el proceso de envejecimiento de la población europea en general, y española en particular, no ha hecho sino acentuarse. Sin embargo, se han modificado –y de modo radical– las condiciones económicas y políticas en las que puede replantearse la idea de recurrir a la inmigración como baza central en la lucha contra el envejecimiento y sus potenciales efectos negativos sobre la economía de los países receptores.

El informe de la ONU se publicó justo cuando comenzaba en España un boom económico sin precedentes desde la transición a la democracia. En cambio, el debate sobre la migración de reemplazo y, en términos más generales, el del papel de la inmigración como factor de sostenibilidad del Estado de bienestar, tiene que abrirse paso hoy en sociedades que no han salido aún de una de las mayores crisis que ha sufrido el empleo en Europa en las últimas décadas. Junto con la crisis vino también un cambio de aires en el discurso y las políticas sobre inmigración. Los miedos a la invasión, a la dependencia de ayudas sociales, al aumento de la delincuencia y la marginalidad, como fenómenos inexorablemente asociados a la inmigración crecieron y fueron alimentados, de forma más o menos directa, por casi todos los partidos del espectro ideológico europeo. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría considerarse el cénit del discurso antiinmigración conocido hasta hoy en los países desarrollados, igualado tan solo por las declaraciones y políticas xenófobas de gobernantes europeos como Víktor Orban en Hungría.

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