Parte de las inversiones para mejorar la eficiencia energética puede autofinanciarse, pero la mayoría de las inversiones en nuevos equipos exigirán ayudas públicas importantes, a través de las políticas de I+D y de la cobertura del sobrecoste en relación al precio de mercado.

La crisis económica iniciada a finales de 2007 ha tenido un efecto depresivo sobre la demanda de productos energéticos (paliado por el crecimiento en países emergentes de elevado consumo como China), pero no ha modificado los objetivos a largo plazo de la política energética (que la Unión Europea condensa en una triple meta: competitividad, seguridad del suministro y sostenibilidad medioambiental), ni tampoco ha alumbrado nuevas soluciones para corregir una evolución de la oferta y la demanda energética mundial incompatible con el logro de esos objetivos. Quizá ha incorporado nuevas preocupaciones, como el papel de los inversores no comerciales en los mercados de instrumentos derivados, con subyacentes mercancías energéticas en la explicación de burbujas de precios como la registrada en el precio del petróleo en 2008. Tanto el G-20 como la UE (en el marco de la revisión de la MIFID, –mercados de instrumentos financieros–) han incluido esta cuestión dentro de su agenda.

En el sector energético, existe un trade-off entre el objetivo de competitividad y los objetivos de seguridad y sostenibilidad. El objetivo de competitividad se cifra esencialmente en perseguir la minimización del coste de suministro, mientras que la imposición de restricciones por aplicación de los imperativos de seguridad y protección medioambiental representa normalmente un encarecimiento de este suministro, tanto mayor, cuanto más estrictas sean las restricciones. La conciliación de los objetivos de competitividad, seguridad y sostenibilidad exigirá, además, profundas transformaciones en el marco regulatorio de los sectores energéticos, con notable esfuerzo inversor y financiero y una creciente incorporación de nuevas tecnologías.

La política…