La capacidad del narcotráfico para atravesar fronteras y diversificar su actividad ha creado un problema transnacional imposible de abordar con políticas nacionales. El crimen organizado sobrevive también debido a su enquistamiento en las estructuras del Estado.

Transcurrida una década desde el 11 de septiembre de 2001 se puede constatar un cambio en la percepción de las amenazas en América Latina. Mientras en el momento de los atentados existía la preocupación por un posible acto terrorista en o desde la región latinoamericana, hoy esa idea se ha desvanecido, y ha surgido el temor más cierto a que el crimen organizado se conviertan en una amenaza real para los Estados de la región. En muchos de ellos, las instituciones y el monopolio de la violencia por parte del Estado se encuentran minados por la corrupción de funcionarios y estructuras paralelas de poder.

A raíz de esta amenaza ha comenzado a circular la expresión “Estado fallido” para describir las precarias condiciones de seguridad y las dificultades de las instituciones de numerosos países latinoamericanos. Los gobiernos de la región rechazan la calificación de “Estado fallido”, considerándola una variante de las políticas de “certificación” de Estados Unidos practicadas en los años noventa. De esta manera, se repiten debates que se dieron hace un década en el caso de Colombia y se reeditan en la actualidad con referencia a México o a los países centroamericanos. Lo que se requiere, por el contrario, es un análisis específico que trate de identificar aquellas áreas de presencia limitada del Estado donde actores no-estatales (sociales y económicos, violentos y no-violentos, nacionales e internacionales) están participando en la prestación de servicios básicos como la seguridad y el bienestar.

Allende el ‘Estado fallido’

La fórmula del “Estado fallido” no deja opciones válidas para combatir el crimen organizado, pues no…