La CPI cumple 10 años con un resultado para algunos escaso: una sentencia. En medio de las críticas y sin apenas apoyo de los países, sigue incansable en su trabajo de protección de los derechos humanos.

El 14 de marzo de 2012 la Corte Penal Internacional (CPI) dictaba su primera sentencia y condenaba a Thomas Lubanga Dyilo, jefe del movimiento rebelde Union des Patriotes Congolais, como responsable del reclutamiento y utilización de niños-soldado durante la segunda guerra congoleña (1998-2003). El primer caso iniciado por la CPI llega a su fin el año que el organismo celebra sus primeros 10 años de existencia.

Para una institución como la corte una década puede ser un periodo de tiempo lo suficientemente largo para evaluar algunos aspectos, pero a la vez insuficiente para comprender la dimensión de otros. Los argumentos a favor y en contra de su existencia se apoyan tanto en razones de justicia universal y protección de los Derechos Humanos, como de política nacional y defensa de la soberanía de los Estados. Ello, en no pocas ocasiones, tiende a mezclarse con un sentimiento de frustración por lo, a priori, limitado de su alcance.

Pero hasta llegar donde estamos, la CPI ha recorrido una larga travesía, en ocasiones sin apenas apoyo de los países, desarrollando un trabajo constante y silencioso que solo ocupa espacio en los medios de comunicación cuando dicta una orden de arresto internacional contra un jefe de Estado en ejercicio o cuando se requiere su actuación ante el estallido de conflictos que acaban con la vida de miles de seres humanos.

La aprobación del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 no supuso el final, sino el inicio de un largo camino. Que su entrada en vigor se produjo antes de lo que se esperaba, es innegable, y…