A finales de 2007 se celebró en Madrid un seminario organizado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz sobre el balance de dos años de aplicación de la Ley de la Justicia y la Paz en Colombia. Asistieron altos dignatarios colombianos, algunos representantes de la oposición y varios observadores españoles. Los que participamos en los debates comprobamos una llamativa discrepancia entre la visión oficialista y los comentarios de los representantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales internas. Las discrepancias no eran tanto ideológicas como sobre el análisis y la certeza de los datos de la realidad cotidiana.

La situación política actual de Colombia se remonta a decenas de años. La conjunción de una serie de factores, corrupción, narcotráfico, violencia y crímenes contra la humanidad han jalonado tristemente su historia pasada y reciente.

En 1985 Colombia vivió una oportunidad única para normalizar sus conflictos ancestrales y explorar una vía democrática. Los que se habían visto obligados a recluirse en la lucha armada, no sólo para mantener su ideología sino para conservar su vida, ofrecieron a través de la Unión Patriótica la posibilidad de entrar en el debate de las ideas, abandonando las armas. Descendieron de las montañas y se acogieron a la posibilidad de ofrecer alternativas políticas sometidas a la contienda electoral. Fueron masacrados. El asalto del Palacio de Justicia por el Movimiento del 19 de Abril (M-19), el 6 de enero de 1985, provocó una intervención brutal del ejército que encontró la ocasión propicia para eliminar a la cúpula del poder judicial. Nadie pagó por ello y la herida sigue abierta.

El presidente, Álvaro Uribe, ofreció como emblema de su nuevo mandato las desmovilizaciones de los grupos paramilitares. Este plan estrella pasa por reintegrarles a la vida civil a través de una ley denominada de la Justicia…