El presidente de Macedonia, Gjorge Ivanov, tomaba recientemente la controvertida decisión de perdonar a todos los políticos, incluido el exprimer ministro Nikola Gruevski, presuntamente implicados en escuchas masivas a unas 20.000 personas y otros delitos. Esta decisión convierte en papel mojado el Acuerdo de Przino, facilitado en 2015 por la Unión Europea, y coloca de nuevo este país balcánico al borde del conflicto civil, sumido en protestas y contraprotestas.

El Acuerdo de Przino, fraguado tras la crisis de 2015 al revelarse la trama de escuchas, contenía los elementos habituales en estos casos –gobierno interino de unidad nacional, convocatoria de nuevas elecciones, etcétera–. La UE y Estados Unidos insistieron también en una agenda de reformas prioritarias ante la percepción de continuo deterioro democrático en Macedonia.

Uno de los aspectos clave del acuerdo era el establecimiento de un fiscal especial para investigar la trama de las escuchas y perseguir penalmente a altos cargos del gobierno. El perdón de Ivanov, criticado por líderes de la UE, EEUU y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) vacía de contenido y sentido su labor. Confirma el escepticismo de un activista en Skopje, quien me confesaba en noviembre de 2015 su nula esperanza de que Gruevski u otros altos cargos fueran a la cárcel, en un contexto de falta de independencia judicial y captura del Estado.

Esta última fase de la crisis en Macedonia no es sino otro ejemplo más de la quiebra de los fundamentos esenciales de la política europea en Balcanes, así como de algunas inercias de la diplomacia que suelen ser parte de la misma. Fuentes europeas hablaban desde hacía tiempo de un “choque de trenes” de la UE en Macedonia. Pero tal choque va más allá de Macedonia y sus circunstancias. Es un problema de fondo, relativo a…