Para que el crecimiento económico chino pueda ser sostenido, el país debe hacer frente a una compleja reforma estructural del sistema de Seguridad Social, que sustituya el obsoleto modelo maoísta, garantice la cobertura universal y rompa la brecha en la dualidad campo-ciudad.

Reformar el sistema de Seguridad Social constituye una prioridad política para China. Las razones son múltiples y complejas: el envejecimiento de su población; el éxodo de más de 200 millones de trabajadores campesinos a las ciudades, traducido en una creciente presión social e institucional; la reducción de la pobreza rural resultante del aumento general en la producción; la desaparición del sistema de Seguridad Social heredado del periodo de Mao, en el que la “unidad de trabajo” o danwei proveía a sus trabajadores de cobertura médica, alojamiento y educación gratuitos, como consecuencia de la creciente absorción laboral en las empresas no estatales y el aumento de la pobreza urbana. Mientras estas tendencias son resultado inevitable de una economía en transición que deja de lado el equilibrio social, la presión sobre el gobierno aumenta y la tensión social deja de ser tabú en las decisiones de alto nivel.

A pesar del intenso debate interno, hasta ahora no se ha abordado una reforma real y efectiva de la Seguridad Social. Esto, en gran parte, se debe a la fragmentación en el reparto de las competencias institucionales. El ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social se encarga fundamentalmente de la Seguridad Social, pero también hay otros ministerios con competencias paralelas: el ministerio de Asuntos Sociales (apoya los sistemas rurales y da asistencia social a la población urbana); el ministerio de Finanzas (controla el Fondo Nacional de la Seguridad Social); el ministerio de Salud (aprueba nuevos fármacos en el mercado); la Comisión Nacional del Desarrollo y de la Reforma (decide sobre los precios…