El Tratado de Lisboa ya ha mostrado sus limitaciones y la viabilidad de reformarlo es prácticamente nula. Será necesario explorar todas sus posibilidades con ánimo constructivo.

La crisis financiera, económica y política que vive, en mayor o menor medida, gran parte de los países europeos ha puesto de manifiesto la escasa capacidad de los mecanismos actuales de la Unión Europea para promover y gestionar una respuesta comunitaria a situaciones graves, además de provocar reacciones nacionales dispares y en ocasiones claramente insolidarias con el resto de los socios de la Unión.
El euro ha llegado a estar en cuestión, y probablemente el peligro no ha pasado aún. Los ataques especulativos contra la deuda soberana de algunos países de la zona euro, empezando por Grecia, tardaron más de dos meses –hasta el 8 de mayo– en encontrar una respuesta creíble con la aprobación del mecanismo europeo de estabilización, un fondo de rescate de 750.000 millones de euros, aportado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y los Estados miembros a través de la emisión de bonos comunitarios, en caso de necesidad. Poco después el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a comprar deuda de los países en dificultades. A pesar de ello, y aunque se ha ganado en estabilidad, el problema griego no está resuelto y el diferencial de tipos de los bonos se mantiene muy alto en algunos países de la UE respecto a la referencia, el bono alemán.